La Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT) ha ordenado a las tres operadoras de telefonía móvil con poder significativo en el mercado (Telefónica, Vodafone y Amena) poner a disposición de los operadores móviles virtuales (OMV), las compañías que se dedican a revender servicios telefónico al no disponer de red propia, «todos los elementos necesarios» para que puedan realizar su actividad. La CMT pide que negocien con estos nuevos actores «de buena fe», ofreciendo «precios razonables» por la prestación de los servicios de acceso.Los precios ofrecidos a terceros por los operadores con poder significativo no podrán ser excesivos ni suponer para la compañía solicitante un impacto tal en sus márgenes operativos que le impida su entrada como operador eficiente», subraya el organismo que preside Reinaldo Rodríguez. Éste adelanta que tendrá en cuenta «entre otras referencias» los precios existentes en mercados competitivos «comparables» para evaluar las propuestas de las operadoras en las negociaciones.
No obstante, la CMT señala que Telefónica, Vodafone y Amena (France Telecom) tendrán la obligación de atender las solicitudes «razonables» de acceso y utilización a los recursos específicos de sus redes.
En concreto, el regulador señala que los operadores con poder significativo tendrán «obligación de proporcionar el acceso a terceros a elementos y recursos específicos de su red, negociar de buena fe con los solicitantes de acceso autorizados y prestar servicios específicos en régimen de venta al por mayor para su reventa a terceros».
Al mismo tiempo, deberán conceder libre acceso a ‘interfaces’técnicas «u otras tecnologías indispensables para la interoperabilidad de los servicios o de servicios de redes virtuales». También facilitar «modalidades» para compartir instalaciones, así como prestar los servicios necesarios para garantizar la interoperabilidad de los servicios de extremo a extremo ofrecidos a los usuarios.
Estas condiciones fijadas por la CMT para los operadores con poder significativo de mercado contempla la obligación de dar acceso a terceros a los sistemas de apoyo operativos o a sistemas informáticos con funciones similares, y a la interconexión de redes o recursos.
Fuente El Pais.es