Según AETIC y demás
asociaciones de fabricantes aseguran que el «daño»
producido por sus actividades, crear y comercializar armas de
piratería masiva, es de alrededor de 11 millones de
euros, y están dispuestos a encarecer sus productos hasta
alcanzar esta cantidad extra, que iría a parar a manos de la
SGAE y esta sería la encargada de repartirla entre los
artistas damnificados.
Según la SGAE y compañía,
este calculo adolece de algunas pequeñas imprecisiones,
redondeos y lagunas, y, en realidad, el total es de 2.000
millones, cifra que representa lo que nos apropiamos
indebidamente al año, o dicho claramente, lo que la SGAE
afirma que los internautas le robamos al año. Seguimos sin
entender como puede ser posible que cometamos ese delito y no
terminemos todos en la cárcel. Si es delito que se nos juzgue,
si no le es… ¿qué narices vamos a pagar? O mejor
dicho, recordemos que esto es solo una ampliación del
canon que ya pagamos en otros artículos, como los CD y
DVD grabables, ¿qué estamos pagando? ¿Un derecho
de pernada mediante el cual ya sí podemos delinquir? Nos lo
expliquen.
El caso es que alguna diferencia hay
entre la apreciación de unos y de otros, y esta pequeña
discrepancia en los montantes totales son lo que impidieron que
llegaran
a un acuerdo y que la pelota esté ahora en el alero del
Gobierno. Los ministerios de Industria y de Cultura
deberán ponerse de acuerdo. Industria apoya las cuentas de los
fabricantes, en Cultura son más listos, y con más
estudios de letras quizás, y sostienen que la verdad esta en
los cálculos de la SGAE. Todo
hace pensar que tampoco se pondrán de acuerdo.
Y cuando nadie sea capaz de acercar
posturas, cuando cada cual siga sosteniendo lo suyo y ninguno
lo del ciudadano, la última palabra la tendrá la
vicepresidenta del Gobierno. Será María
Teresa Fernández de la Vega la que decida e imponga. Será
en breve.
Maritere, ¡Socorrooooo!