Antes de empezar a vérselas con
las asociaciones de fabricantes y con la SGAE,
aseguraban que se pondrían de acuerdo sobre la cuantía
detallada del canon digital dentro
de los plazos previstos. Tras un par de reuniones ya piensan que la
cosa puede ir para largo.
Las posiciones
de las dos partes son demasiado lejanas como para esperar una fácil resolución. El Ministerio de Industria, en teoría,
se ve en la obligación de defender la postura y cálculos
de los fabricantes, unos 11 millones de euros al año
supondría el canon según el volumen de ventas actual.
Por su parte, a Cultura le ha dado por creer que cultura es
que Bisbal
siga marcando paquete en los escenarios y que Almodovar gane otro
Oscar, y no que todo niño tenga una escuela cercana a su
domicilio, que haya profesores especializados en zonas de difícil
implantación de la enseñanza, que los libros de texto
sean gratuitos, que todos tengan posibilidad de acceso a la
universidad, que la enseñanza pública supere en calidad
a la privada, que… en definitiva, que se halla más cercana a
las exigencias de la SGAE, aunque, imaginamos, que ya les
habrán advertido que se vayan olvidando de los 2.000
millones anuales, que hasta ahora, piden.
Aunque en Cultura sean de Letras, no hace falta calculadora
para saber que eso es una burrada, fruto de la prepotencia generada
por las anteriores concesiones que se les han hecho.
Quizás seamos mal pensados, pero
se nos antoja que el político que se ponga delante de los
medios de difusión y anuncie los detalles del canon digital,
ya puede dar por finiquitada su carrera y retirarse a un monasterio,
su popularidad se vería reducida al ámbito familiar y,
dentro de ese círculo, tampoco serían todos. Joan Clos es el
que mas fácil lo tiene, siempre podrá afirmar que,
desde el Ministerio de Industria, pedían menos de lo
que se establezca. Carmen Calvo lo tendrá más
difícil para explicar que una tarjeta de memoria de una cámara
fotográfica debe pagar canon porque ahí, bien
comprimidas, caben mogollón de canciones y un par de
largometrajes de estreno.
Claro, que siempre cabe la posibilidad
de que, queriendo o no queriendo, tampoco se pongan de acuerdo, en
cuyo caso la papeleta iría a parar a manos de la
vicepresidenta del gobierno, con lo que María Teresa
Fernández de la Vega tendría que apechugar con
lo que, hace ya años, están de acuerdo los dos
grandes partidos políticos. No le envidiamos la posición,
ni el plan es suyo ni ganará una cátedra en el
extranjero por ello, pero tendrá que dar la cara.