Los operadores de Internet que
ofrecen sus servicios en España se han puesto, por una
vez, de acuerdo en algo. No están dispuestos a acusar a
ninguno de sus clientes, y, mucho menos, basándose en lo que
les dicte la SGAE. Opinan,
como opinamos nosotros y la mayor parte de la sociedad, que el
artículo 17bis atenta contra el derecho al secreto de
las comunicaciones, a cuyo contenido solo se puede acceder mediante
una orden judicial, y, poniéndonos en los peores casos,
que la obligación de comunicar un hecho delictivo detectado,
consiste, así mismo, en la obligación de denunciarlo a
la autoridad, policía o juzgado, y no a la
SGAE.
La modificación que plantea este
añadido de última hora, impondría a los
proveedores de servicios de Internet la obligación de
informar a la SGAE de todos los internautas que vulneraran los
derechos de autor bajándose, o poniendo en “compartidos”,
más de diez ficheros sujetos a estas restricciones. Bastaría,
pues, querer compartir con un amigo lo más selecto de la
última gala de triunfitos, para que nuestro ISP tuviese
que chivarse a la SGAE de ello. Y seria la SGAE la que
decidiría las medidas preventivas que tomar contra ese
criminal, a espera que haya un juicio, donde, por fin,
aparecería un juez para decidir según las leyes.
Mientras, paciencia.
Esto llevaría a una situación
ridícula, donde tendríamos a los operadores de
Internet actuando de policías y a la SGAE
actuando de juez de primera instancia. Y todo en nombre de la
cultura, ¿es cultura pisotear los derechos de
los ciudadanos en cuanto a privacidad y secreto de las
comunicaciones?