El enorme revuelo y rechazo que el
articulo 17bis ha suscitado en la Red ha ayudado,
considerablemente, al duro informe, contrario a él, que emitió, dentro de sus funciones
de órgano consultivo, el Consejo de Estado. Y, antes de
pasar a exponer las razones de su desacuerdo, no dudaba en dar
nombres y catalogar a este añadido de realizado «a
petición de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE),
de manera «tardía» y sin informar a los
consumidores«, lo que ya de antemano, sin leer más,
suena fatal.
Con estos antecedentes, la Comisión
de Subsecretarios no ha tenido más remedio que hacerlo
desaparecer
tal y como nació, en silencio y sin dar publicidad al asunto,
«de tapadillo» que se diría en argot.
Sin que se le imponga, por ley, a los
ISP la obligación de facilitar a la SGAE la
lista de los usuarios que descargan obras con derechos de autor, esta
altruista asociación se vera reducida a la triste situación
de tener, solo y exclusivamente, los mismos derechos y
atribuciones que cualquier otra sujeta a las leyes
españolas. No podrá obtener datos personales de nadie
sin orden judicial por medio, tendrá que recurrir a los
tribunales para que se cierre una página web, no
podrá suspender una linea de acceso a Internet
cautelarmente, no podrá, por su propia cuenta y riesgo,
establecer censura contra la libertad de expresión,
en definitiva, no podrá ejercer de juez y de verdugo. Una
pena, sí señor. Quizás, a la próxima,
consigan situarse por encima de las leyes, pero, por ahora, no.
Nos perdonareis que no nos extendamos
sobre el tema, pero el equipo de redacción ha trabajado hoy
duro. No ha sido fácil elaborar el título que preside
este escrito, y las discusiones han sido homéricas. Por
último, y despues de mucho, hemos optado por este, el más
suave de los propuestos, dejando aparte todos los que contenían
palabras que empezaban por jod…, cab…, mam… y similares. Y
conste que esos epítetos no se referían a nadie
concreto, solo expresaban un estado de ánimo particular.