Si de algo se caracteriza un político
es de saber hablar, e incluso escribir, sin comprometerse a nada y
dejándose puertas abiertas para luego poder hacer todo lo
contrario.
En esto andamos con la LISI y
con el integrar el acceso a Internet a los derechos
universales garantizados por el Estado. Dado que la
implantación del ADSL en zonas rurales no avanza al
ritmo previsto, mientras que en las capitales se avecina la siguiente
generación de telecomunicaciones, el VDSL, que requiere
una nueva regulación de mercado, interesa, sobre todo a
Telefónica, que se garantice, por servicio
universal, algo más que una linea 56kbps.
Andando así el panorama, y con
elecciones relativamente cercanas, el grupo socialista ha
decidido presentar una enmienda, otra, a la LISI. Un párrafo,
donde se garantizan los derechos de los ciudadanos decía hasta
ahora:
La conexión debe ofrecer al
usuario final la posibilidad de efectuar y recibir llamadas
telefónicas y permitir comunicaciones de fax y datos a
velocidad suficiente para acceder de forma funcional a
Internet.
Ahora se propone su
redacción de esta otra manera:
La conexión debe ofrecer al
usuario final la posibilidad de efectuar y recibir llamadas
telefónicas y permitir comunicaciones de fax y datos en banda
ancha, en los términos y calidades definidos por la
normativa comunitaria para el servicio universal.
Una forma, como
otra cualquiera, de quitarse el muerto de encima. La normativa
europea no especifica que el servicio universal sea por banda
ancha, y deja los mínimos exigibles a juicio de los
estados miembros. Así que, salvo incluir las palabras «servicio universal» y «banda ancha» en el
texto, para que hagan bonito, nada
ha cambiado, por lo menos de cara al usuario.
Para los intereses
de las operadoras, para bien de unas y mal de otras, quizás
sean suficientes estos pequeños matices introducidos.