Para imponer el canon el Gobierno
ha involucrado al ministerio de Industria y al de Cultura,
que han mantenido conversaciones con la SGAE y conmilitones de
idéntica función recaudatoria y con los fabricantes
de los dispositivos gravados. Echamos de menos una de las partes
involucradas directamente, tan interesada en el tema como que es la
que paga.
Y no solo nosotros nos hemos dado
cuenta de la omisión, también, y con más motivo,
lo ha notado el Consejo de Consumidores y Usuarios y así
lo ha hecho notar en un informe
que la Asociación de Internautas hace público
hoy.
Son siete los puntos, acertadamente
resumidos
por la AI, los que quiere destacar el Consejo:
1. Quiere expresar su malestar con
las administraciones competentes por la falta de interlocución
de éstas con el máximo órgano de consulta y
representación de los consumidores, durante la elaboración
del presente proyecto. Se han mantenido contactos con las diferentes
partes implicadas, menos con el Consejo, siendo el presente proyecto
un texto que a quien más va afectar es a los usuarios finales
de dispositivos o componentes de la sociedad de la información.
2. Que participa de la idea general
de que la compensación por copia privada dista mucho de ser un
sistema justo y equitativo para los consumidores y usuarios, toda vez
que establece el pago por parte éstos de una cantidad asociada
al almacenamiento y reproducción de copias privadas de obras
protegidas por el derecho de propiedad intelectual, aún cuando
empleen los equipos y soportes adquiridos para otros fines.
3. Que considera que debe estudiarse
la viabilidad, en un periodo razonable, de optar por otras opciones
que permitan asociar la generación de la obligación de
remuneración a los derechohabientes al acto privado de
reproducción de una obra, y no a la adquisición de
equipos, dispositivos y soportes idóneos para tal actividad.
4. Que considera que debe estudiarse
también la posibilidad de desvincular las obligaciones del
usuario final de las de la industria como deudora de modo que,
mientras el colectivo de fabricantes, importadores y distribuidores
quedara obligado a un pago en base a la idoneidad de los equipos,
dispositivos y soportes, no pudieran repercutir ese pago al
consumidor si éste puede acreditar que no los emplea para
realizar copias privadas, debiendo incluso rembolsar a ese consumidor
final, si la acreditación es a posteriori, el canon
repercutido en su venta.
5. Que observa con preocupación
la repercusión en el precio final de estas tarifas y el
encarecimiento de los productos que sin duda afectará a los
usuarios.
6. Que considera que la revisión
(de las tarifas en el año 2009), no debería centrarse
únicamente en las cantidades recaudadas sino también en
el proceso mismo del sistema de revisión, ya que podría
dar lugar a efectos perversos, que acaben redundando en perjuicio de
los consumidores, de modo que, cuanto menor fuera la práctica
de la copia privada, mayor fuera comparativamente la recaudación
de las entidades de gestión o viceversa.
7. Que propone que en aras de la
mayor protección de los consumidores, en relación con
el derecho a la información, que los productos, equipos o
dispositivos sujetos al pago de la compensación, en su
etiquetado debería identificar las cuantían aplicables
a cada uno de ellos.
En cuanto a las
conclusiones tampoco tienen desperdicio y son, a nuestro juicio, lo
más acertado que, sobre este asunto, hemos leído en
mucho tiempo: CCU “considera que no se contempla de modo
satisfactorio en el marco legal sobre los derechos de propiedad
intelectual la participación de las organizaciones de
consumidores en la fijación de los criterios de valoración
de la compensación por copia privada o sus ajustes, que quedan
en manos de la industria como deudora y de las entidades de gestión
como receptoras sin considerar que son los usuarios y consumidores
finales los que finalmente deben hacer frente al pago del gravamen”.
Y remata asegurando
que “mientras se mantenga el actual sistema recaudatorio,
debería procurarse desde el Gobierno un mayor control y
transparencia de la labor de las Entidades de gestión, de sus
criterios de distribución de los ingresos percibidos en esta
materia y de su labor inspectora”, y plantea “que se analicen el
profundidad las ventajas e inconvenientes de crear una instancia
pública de recaudación en la materia tal y como existe
en algunos países europeos, especialmente en el marco de la
armonización del sistema dentro de la UE”.
Amén.