La teoría más extendida
es que si una operadora española adopta el modelo francés
o ingles
tendría que soportar un número de bajas que
cuestionaría su rentabilidad. No ha pasado tal cosa en
Francia, no está pasando en Reino Unido, mucho
nos tememos que no pase nada en España en un futuro muy
cercano y nosotros estamos dispuestos a quemar nuestros routers en
una hoguera hecha con nuestros PC y fundar una comuna de sexadores de
pimientos de Padrón en lo alto del monte más empinado
que encontremos.
A nadie se le escapa que en el seno del
bipartidismo español hay acuerdo sobre el tema, y encima la
postura les favorece,
unos abogan por el canon y retrasan la adopción de
posturas más radicales, otros se decantan directamente por
esas otras soluciones «europeas», pero con muchísimo
cuidado de no matizarlas, que sino lo que pretenden conseguir, votos,
se les volvería en contra.
En cuanto a las operadoras españolas,
ya nos habían
metido el susto en el cuerpo, diciendo poco más o menos que la
única dificultad para que nos hagan un francés ( lease
griego) es la postura intransigente de la SGAE, pero que
ningún problema tendrían en pactar con un gobierno que
se lo pidiera.
Y algo más ha hecho Redtel
(Telefónica, Vodafone, Orange y ONO) y en las reuniones que
han tenido tanto con PP como con PSOE para preparar
estrategias según el resultado del día 9, han
ofrecido
claramente el adoptar el Sarkorazo y cortarle la conexión a
los adictos a los P2P.
«La gente se tiene que dar cuenta
de que la sociedad del futuro no puede ser gratis total«,
ha asegurado un tal Miguel Canalejo, encargado oficial de
decir burradas de Redtel por lo que parece, como si en esta
sociedad no costara dinero hasta el respirar. Hay que «poner
orden» en la Red, con lo que «la industria legal
de contenidos on line se van a multiplicar por diez«.
Y aquí es donde dan la puñalada
definitiva: ellos son los propietarios de las autopistas de la
información, se prohíbe el tráfico libre, el de
pasar por caja se multiplica por diez y ellos cobran peaje, con el
resultado de unos ingresos de 8.000 millones de euros al año.
Pero no son tan perversos como parece.
Ofrecen reinvertir esa millonada en redes de alta velocidad (que les
reporten beneficios más rápido) siempre y cuando
el gobierno, volvemos a que les da lo mismo cual, les apoye en sus
pretensiones.
«No nos podemos permitir invertir
en un estado de desorden como el actual» afirmó,
rotundo, el amigo Canalejo.