El que una banda de cobradores del
frac, más o menos apoyados por proveedores de Internet
y estamentos gubernamentales, pueda desconectar de la Red a un
usuario es, a todas luces, un atentado contra sus libertades, por
muchas canciones o películas que se haya bajado el sujeto.
El acceso a la cultura y a la
información es un derecho fundamental, hasta para los
viles y rastreros delincuentes que usan el Emule u otro
software diseñado expresamente para socavar los cimientos de
la sociedad, tanto en lo económico como en lo moral, por no
nombrar los daños, a nivel particular, que producen en la
estabilidad emocional de Ramoncín, Bisbal y
otros muchos más.
Es bastante obvio, el acceso a la
cultura no se le puede negar a nadie y prueba de ello es que el
49,8% de los condenados a penas de 8 o más años de
reclusión hacen, durante su reclusión, la carrera de
Derecho, los más desalmados hacen Informática
y los irrecuperables Periodismo.
Es de cajón y, por eso, resulta
tan incomprensible como preocupante que el Parlamento Europeo
haya tenido que recordar
a la Comisión Europea que retirarle a alguien su acceso
a Internet es tan absurdo como condenarlo a no leer la prensa,
a no tener una enciclopedia, no ver los telediarios o a que no
escriba la lista de la compra.
La Eurocámara, partiendo
siempre de que el autor tiene derecho a una remuneración
justa, ha recordado que la criminalización del usuario
que actúa sin animo de lucro no es una buena solución
para luchar contra la piratería, y que el condenar a alguien a
no poder acceder a Internet entra en conflicto «contra
las libertades civiles, los derechos humanos y contra el principio de
proporcionalidad».
Con Internet «han cambiado
de forma radical los modos clásicos de utilización de
los productos y servicios culturales» y, por tanto, es
«esencial» velar por un acceso «sin obstáculos
a los contenidos culturales en línea” y esto
debe hacerse “por encima de una lógica puramente
económica y comercial».