Hasta ahora Telefónica
venia usando frecuencias de la banda de telefonía móvil
para poder ofrecer el servicio universal a unos 25.000
abonados de zonas rurales, en concreto las de la banda de 900Mhz.
Es lo que se conocía como
Telefonía Rural de Acceso Celular, que, sucintamente,
consistía en instalar en el domicilio del usuario un TRAC,
aparato bastante llamativo, con acumuladoras conectados a la red
eléctrica y un PTR, habitualmente interno, que se
conecta con la centralita telefónica correspondiente mediante
las frecuencias de radio mencionadas. De este TRAC cuelgan
teléfonos convencionales mediante una instalación
estándar: cable y rosetas. A partir de la centralita ya la
comunicación se realiza de la manera habitual de la telefonía
fija.
Pues es todo este tipo de telefonía
rural el que, por decreto del Ministerio de Industria, tiene
que desaparecer
antes del 31 de diciembre, y la compañía tendrá
que devolver esas frecuencias.
A partir de esa fecha, Telefónica
deberá dar servicio, a aquellos que deseen continuar su
contrato, a través de unas lineas de otro tipo que sean
capaces de una conexión funcional a Internet. Por
desgracia, al no estar aun reconocida la banda ancha como
derecho universal, a la operadora le basta que la linea soporte un
módem analógico 56K para cumplir el requisito,
con lo que en nada se mejorará, en principio, en ese aspecto.
Esperemos que, ya que tienen que sustituir sistema y tender lineas,
la mayoría de las nuevas conexiones sean susceptibles de
soportar ADSL.
Telefónica deberá
garantizar la gratuidad del cambio, el conservar el número de
teléfono actual y, para los que soliciten la migración
antes del próximo 1 de octubre,
que el servicio no se interrumpa en ningún momento.
Aquellos que no pidan a Telefónica
la continuidad de su contrato serán dados de baja el 31 de
diciembre, pero podrán solicitar que le den de nuevo
linea, gratuitamente, a lo largo de todo el año 2009. Ni que
decir tiene que también entra en las obligaciones de
Telefónica el comunicar todas estas circunstancias, por
escrito, con un mínimo de tres meses de antelación,
a todos y cada uno de los afectados.