Los ministros de cultura andan
reunidos en Bruselas defendiendo una de esas dos cosas, o eso
dicen ellos. Y es que una de ellas está en peligro, la cultura
lo dudamos, así que quizás lo que más en el aire
se encuentre sean los multimillonarios ingresos de ciertos sectores.
Cuando tanto se intenta que no
sean los juzgados los que decidan, sino «organismos competentes» que todavía nadie se ha atrevido a definir claramente, siempre
cabe la posibilidad de que, al obviar a los jueces, se vulneren las
leyes.
El caso es que en Bruselas
pintan bastos para esos salvajes especímenes conocidos como
internautas, esos que se mueven en devastadoras hordas que por donde
pasan no vuelve a florecer la cultura. De Francia, de su ley
de los tres avisos y de su petite president ya está todo
dicho,
en Reino Unido, donde no existe tampoco el derecho a copia
privada, más de lo mismo, y así podríamos seguir
con Holanda, Alemania y demás fauna europea.
Pero en España sí
que existe el derecho a la copia privada. A priori, sería
cosa de pensar que nuestro ministro de cultura, César
Antonio Molina, será el único que mantendrá
una postura más liberal en este asunto, obligado por la
defensa de nuestras leyes y Constitución y para
defender los derechos de los españoles.
Bueno, pues la reunión ya está
tocando a su fin y el que piense así, que vaya cambiando de
opinión. El señor Molina no deja de balbucear
sobre la necesidad de defender lo que él entiende por cultura
y en lo referente a juzgar y sancionar las descargas de Internet
sigue mascullando sobre esos «organismos competentes», sin
atreverse a decir SGAE.
Quizás su concepto de cultura
esté demasiado salpicado de demasiados intereses económicos,
ajenos, pero muy influyentes.