LUIS CISNEROS BURGOS
Abogado de XNovo, Derecho Tecnológico
Es Abogado y Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid especialista en Derecho Público Económico y en Propiedad Intelectual y con Máster en Negocio y Derecho de las Telecomunicaciones, Internet y Audiovisual.
En la actualidad, ejerce como abogado y consultor en materia de Derecho de las Nuevas Tecnologías en el despacho especializado Xnovo, colaborando regularmente con revistas jurídicas online, como experto en Derecho y Nuevas Tecnologías, además de tener propio blog, donde analiza la actualidad del sector jurídico y de la Seguridad de la Información.
Las amenazas a las
grandes empresas tipo Google, con estructuras organizativas
muy desarrolladas, sobre la aplicación de normativas como la
Protección de Datos, normativa societaria o la
Regulación de Telecomunicaciones, han supuesto una constante y
siempre han sido una fuente de intrigas para los que han intentado
entenderlas.
Este tipo de amenazas
y de problemáticas no llegan sólo a las grandes
multinacionales del sector de las TIC o de los Servicios de
la Sociedad de la Información; cuántas no son las
inmensas empresas que se extienden alrededor del mundo y que tienen
su sede en paraísos fiscales como las Islas Caimán o
Gibraltar, aunque sus sedes sociales internacionales se encuentran en
ciudades como Chicago, Nueva York o Londres.
Entre
las políticas corporativas de ciertas empresas de este sector,
como Google o Yahoo, se encuentra la de estar «a bien» con todas las autoridades
nacionales de los Estados en los que las mismas tengan una sede.
Cuando a estas compañías
se les aplica una normativa sancionadora, pese
a que la intención es proteger a los usuarios de este
servicio, puede llegar a suceder justamente todo lo contrario. Ante
las normativas sancionadoras en algunos países, las compañías
deciden su “huída” a un tercer Estado, en el que la
regulación es mucho más laxa. De esta manera, los
usuarios de países como el nuestro, con normativa reguladora
de la protección de datos, acaban completamente desamparados
-algunos Prestadores de Servicios de la Sociedad de la Información
así lo han expresado-.
En tales casos, pese
a intentar controlar a los usuarios, se llegarán a romper las
pocas defensas que tiene en la actualidad un usuario de tales
servicios; por tanto, -desde mi opinión- sería mejor
mantener unas relaciones cordiales con los mismos, que comprendan los
problemas que tienen los usuarios y los derechos que ostentan y cómo
pueden llegar a posturas comunes.
Se debería aplicar
el mismo modelo que están intentando llevar a la práctica
las Entidades de Gestión de Propiedad Intelectual con
respecto a los grandes portales de contenidos. Si se les llega a
hacer entender la problemática, suelen reaccionar de forma
correcta. Otra de las alternativas, y la más deseable para
todos, sería conseguir, dentro del marco de la UE, un frente
común con unas regulaciones prácticamente
semejantes y que no ofrezcan dentro de este territorio paraísos
regulatorios –desde el punto de vista de la protección de
datos se está intentando y para este año habrá
una conferencia internacional en Madrid con más de 30
autoridades nacionales de este sector-.