La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, se ha reunido hoy con los directivos de TVE para explicarles cómo va a ser el proceso de eliminación de publicidad en la cadena pública. Si los plazos se cumplen con rapidez, será en septiembre cuando se supriman los anuncios.
De ser aprobada, la consecuencia mayor es la posibilidad de un nuevo canon en las telecomunicaciones para paliar así las pérdidas que se producirán cuando el Gobierno elimine la publicidad en la televisión pública.
El Ejecutivo presentará un proyecto de ley antes del verano, cuya aprobación dependerá finalmente de los plazos establecidos para las enmiendas de los partidos políticos y su tramitación en el Congreso.
Además de esta medida, el Gobierno también desarrollará la Ley General Audiovisual. Para financiar a TVE, se incluirán unas tasas a las televisiones privadas del 3% de sus ingresos en bruto de explotación, junto a otra de un 0,9% los operadores de telecomunicaciones.
Es de prever que los operadores extenderán esta subida de tasas a los usuarios, siendo estos los perjudicados en última instancia por la desaparición de la fuente de financiación publicitaria del ente público. Una medida que será seguramente polémica si tenemos en cuenta el panorama de descontento existente entre los consumidores al contar con una conexión de más lentas y caras de toda Europa.