La ministra de Cultura, González-Sinde,
anda intentando tranquilizar a la gente haciendo declaraciones
indiscriminadas sobre que en España no se penalizará a los
usuarios, sino a la páginas que faciliten enlaces a archivos
protegidos por derechos de autor, y que todo va ser muy bonito y un
ejemplo para el mundo. Como es natural, todos conocemos su pasado y
sus tendencias actuales, lo que ha conseguido es crear una
considerable alarma social.
No es para menos, el Anteproyecto de
Ley de Economía Sostenible se extiende hasta más allá de los
confines conocidos y considera imprescindible para que el país no se
arruine la creación de una todopoderosa Comisión de Propiedad
Intelectual, situada por encima del bien y del mal y, por ende,
de jueces y demás leyes que no le convengan.
Esa Comisión tendrá libre
acceso a la información personal de quien le apetezca, sin mas
control que el inexistente que se autoimpongan, lo que ya empieza a
superar las peores pesadillas de cualquiera que hay cenado fuerte. Si
a esto le unimos que su premisa base es que no existe más cultura
que la que pasa por caja a través de los obsoletos canales de los
que ahora les gusta llamarse Industria de la Cultura, para así
excluir cualquier tecnología, medio o tendencia que amenace sus
multimillonarios ingresos, normal que todos, internautas,
periodistas, autores que no comulgan con la SGAE,
profesionales de todo tipo y hasta gente rara, se hayan unido en un
manifiesto que ya circula por toda la Red.
Y como basta una simple búsqueda en
Google o similares para leerlo, y como todavía no hay ninguna
ley que impida informarse fuera de los medios gubernamentales, nos
damos el gustazo de ponerlo a continuación.
Por cierto, ¿habría leído Viviane
Reding, Comisaria Europea de la Información, algún borrador de
ese Anteproyecto antes de advertir
que los planes españoles podían ir en contra de la legislación de
la Unión Europea?
1.- Los derechos de autor no pueden
situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos,
como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de
inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de
expresión.
2.- La suspensión de derechos
fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder
judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de
lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en
manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del
ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos
españoles el acceso a cualquier página web.
3.- La nueva legislación creará
inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español,
perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de
nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas,
introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su
proyección internacional.
4.- La nueva legislación propuesta
amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con
Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado
extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo
tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias
culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.
5.- Los autores, como todos los
trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas
creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus
creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una
industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es
ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control
de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar
derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.
6.- Consideramos que las industrias
culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces,
creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales,
en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para
el fin que dicen perseguir.
7.- Internet debe funcionar de forma
libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que
pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que
el saber humano siga siendo libre.
8.- Exigimos que el Gobierno
garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier
presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una
economía sostenible y realista de cara al futuro.
9.- Proponemos una verdadera reforma
del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a
la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar
los abusos de las entidades gestoras.
10.- En democracia las leyes y sus
modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y
habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es
de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos
fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.