Muchas discográficas y empresas propietarias de derechos de autor luchan para evitar que sus contenidos se descarguen sin su consentimiento. Algunas han triunfado y otras han naufragado en el intento.
Ministry of Sound, la mayor discográfica independiente de Reino Unido, anunció en verano que perseguiría a más de 150.000 usuarios a los que denunciaría por subir álbumes de música de su propiedad.
Las acciones se empezaron a llevar a cabo a través de abogados y la empresa DigiRights Solutions, encargada de identificar a los usuarios para posteriormente llevarlos a juicio. Primero enviaban una carta de advertencia para, o bien pagar una multa de 320 libras o ir a juicio.
Sin embargo, la discográfica se ha encontrado con un pequeño bache en su cruzada legal. El mes pasado se produjo una filtración de datos de usuarios recogidos de manera ilícita por la firma ACS Law.
Entre las empresas implicadas con este bufete se encuentra British Telecom quien, para evitar problemas legales, ha decidido borrar los datos de 20.000 usuarios que presuntamente habían compartidos archivos de Ministry of Sound.
Gallant Macmillan, abogado encargado de las acciones legales de Ministry of Sound, considera sobre esta acción que “es muy decepcionante que BT haya decidido no guardar las identidades los usuarios que han subidos archivos de manera ilegal”.
De todos modos, los 20.000 registros borrados sólo suponen un 80% y Ministry of Sound podrá seguir sus acciones legales con el 20% de los datos que sigue almacenando British Telecom, aunque Gallant Macmillan lamenta que ahora los gastos de estas acciones aumentarán.
No hay duda de que los dueños y gestores de derechos de autor están, valga la redundancia, en su derecho de llevar a cabo todo tipo de acciones legales para evitar que se compartan archivos sin su permiso, pero también tienen que afrontar que algunas de estas cometidas les puede costar la impopularidad de muchos sectores y, siendo una compañía con una gran reputación como Ministry of Sound, les puede pasar factura.