Juan José, un administrador de web de enlaces a descargas de música, fue visitado hace años, cuando la Ley Sinde estaba en todo su apogeo, por el juez, la procuradora de SGAE con su perito informático y el secretario judicial que se presentaron en su casa para analizar el disco dura de Juan José, debido a la denuncia interpuesta por la SGAE.
Pero la causa fue destinada y ni siquiera se analizó el disco duro. Es más, Juan José tras el cierre cautelar de la página la volvió a abrir, entendiendo que no había infringido ninguna norma y además denunció a la SGAE. Es decir, la denunciante se convertía en denunciada.
Tras volver el caso a la palestra y tras ser absuelto años antes por jueces, Juan José ha sido imputado por la Comisión Sinde-Wert de infringir los derechos de propiedad. La Comisión habló de “la necesidad de esta reforma surge sencillamente de que no se está aplicando el Código Penal de manera correcta”, justificando el nuevo giro dado al caso.
Y es que la Comisión Sinde-Wert está formada por funcionarios que ni siquiera son diplomados en Derecho, pueden y se les permite contradecir actas llevadas a cabo por auténticos maestros del derechos, que son los jueces.