David León Marín (el condenado) ha sido inhabilitado durante un periodo de 3 años en su actividad profesional, es decir, en el desarrollo o gestión de páginas web con una multa cercana a los 21.000 euros que irán a parar a las arcas de la Asociación de Productores de Música en España a ADESE y a varios distribuidores cinematográficos a expensas de que León Marín recurra o no.
Todo esto se hace sujeto a la acusación de delito continuado contra la propiedad intelectual según la Federación para la Protección de la Propiedad Intelectual (FAP).
Asimismo, el fallo pone de manifiesto que se ha demostrado que en las páginas, propiedad del condenado, se exponían de forma gratuita para los internautas de forma irregular y sin consentimiento de sus legítimos titulares unos contenidos que en la ley están recogidos en calidad de derechos de propiedad intelectual.
Esto ocurría tan solo unos días después del vigésimo segundo cumpleaños de David León, que además tenía con el a una serie de individuos que aún no se han podido identificar administrando esas ciber páginas.
La FAP ha querido señalar que la sentencia continúa la estela de otras que se han dado en Vizcaya o en la Comunidad Valenciana. Y asegura que hay que continuar luchando contra este tipo de acciones a las que se refiere como “actos de comunicación pública”.
La juez explica que el problema no es la ilegalidad de los contenidos sino a la actividad de comunicar públicamente unos contenidos protegidos bajo la ley de derechos de propiedad intelectual, siendo esta actividad una violación de las mismas.
En la sentencia además se puede encontrar que con la intervención del condenado y tras indagar, clasificar y comentar los contenidos, ponía a disposición de los usuarios la descarga de forma directa, siendo esta labor y no la de mero intermediario la que le ha llevado a ser condenado.
Además, José Manuel Tourné, director general de la FAP ha hecho constar que la importancia de esta sentencia corrobora lo que otros magistrados españoles ya han hecho tratando de mantener la propiedad intelectual segura y defendida en el territorio nacional.
No obstante, la acusación se empezó en 2006 tras las denuncias de Promusicae y la FAP, y la sentencia ha salido 7 años más tarde poniendo en evidencia la lentitud de los procesos judiciales contra este tipo de delitos.