Esa es la conclusión a las que han llegado algunos próceres, no identificados, de las operadoras españolas. El tema se ha generado a raíz de lo acontecido en Francia, donde Sarkozy, ha conseguido que distintos ministerios, operadoras y entidades de gestión de derechos de autor lleguen a ponerse de acuerdo para fiscalizar a los usuarios de los P2P. Obviamente, han partido con la gran ventaja de que la mayor compañía del sector, France Telecom, esta participada, casi en un 50%, por el Gobierno.

Los ISP franceses han aceptado el advertir a quienes descarguen y compartan archivos sujetos a derechos de autor e, incluso, dejar sin conexión al que haga caso omiso de este primer aviso disuasorio. La pregunta que se le ha planteado a los responsables de las empresas de accesos a Internet españolas es inmediata: ¿Puede pasar eso mismo aquí?

El ministro de Industria, Turismo y Comercio, Joan Clos aun, ha decidido zanjar el tema del precio del ADSL en España de manera fulminante, y cuando un político toma esa extrema decisión, ya sabemos lo que pasa, que, tras unas palabras que intentan ser contundentes y una promesa de tintes electorales, todo, precios incluidos, sigue exactamente igual que antes. Nosotros creíamos haber agotado este asunto ya, pero faltaba la guinda.

"El mercado es muy abierto y competitivo, con ofertas contrapuestas. Nos interesa que el mercado funcione para que los precios promedios sean de los mejores de Europa", ha sido el discurso elegido por Clos para la ocasión.

Y después nos lo cuenten. El enfrentamiento Gobierno y CMT con las autoridades del mercado de telecomunicaciones europeas esta generando unos cruces de declaraciones y acusaciones alucinantes, por ahora dentro de las normas políticas de comedimiento y educación, pero no perdemos las esperanzas de que a alguien se le vaya la pinza, que recientes ejemplos hemos tenido y a niveles más internacionales.

Empezó Kroes, continuó Ros, ahora le tocaba el turno, de nuevo, a la comisaria europea de competencia y no lo ha dejado pasar. Al encontrarse ocupadísima en ese momento, de sobra son conocidos los problemas de tiempo de las mujeres trabajadoras, no ha querido dar la imagen de no tener respuestas para nuestro secretario y ha mandado, a su portavoz, que ponga los puntos sobre las ies.

Y lo afirma el Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, lo que nos tranquiliza prodigiosamente y difunde un clima de paz y sosiego por todas nuestras facetas físicas y anímicas, menos por una.

Afortunadamente, esa parte nuestra, no tan sosegada, aun, por las declaraciones de Francisco Ros, solo se manifiesta una vez al mes, cuando recibimos la factura de nuestra conexión. Y menos mal, considerando las crisis vandálicas, sobre todo referentes a destrozo de mobiliario domestico, jarrones en particular, y el elevado tono del argot soez y barriobajero, que ignoramos donde ni cuando hemos aprendido, pero que se nos manifiesta espontáneamente, con que saludamos esa comunicación cada 30 días. Si fuese más frecuente, no habría sistema nervioso, nuestro ni de los vecinos, que lo aguantara.

La legislación española dice que quien tenga conocimiento, o sospechas, de un hecho delictivo perseguible de oficio tiene obligación de ponerlo en conocimiento de Fiscalía, Juzgado o Policía, sin que ello suponga, en ningún momento, el tener que mantener ni formalizar una acusación particular en regla, y en eso se han basado al AI y la AUI en su escrito a la Fiscalía Anticorrupción. Obviamente es una denuncia, pero amparada en la ley, y ni siquiera en un derecho, sino, como decíamos, en una obligación taxativa.

Una manera de ver las cosas, a simple vista, por lo menos para nosotros, profanos en la materia, totalmente ajustada a derecho, pero, como es lógico, un prisma de vista no compartido por todos.

Y la de esta ocasión tiene nombre y apellidos, se trata del momento entrada de Leopoldo Fernández Pujals, que produjo un inusitado aumento de cotización de la operadora con sede en Londres, allá por 2004, y que, ahora, tres años después, se ha desvanecido como humo.

Pujals asumió un 24,9% del capital de Jazztel y, a partir de ahí, toda una historia de especulaciones y rumores, siempre en primera linea de cualquier adquisición importante, para dar imagen de solvencia, pero sin llegar nunca a ser un verdadero candidato a tener en cuenta, siempre dependiendo de habladurías que la vinculaban a otras compañías y siempre terminando en nada.

Últimamente han venido sucediéndose, en distintos medios de comunicación, artículos poniendo de manifiesto que el entramado societario de la SGAE puede incurrir en irregularidades en cuanto a los fines declarados y permitidos de nuestra entrañable Sociedad General de Autores y Editores. En el diario "Público", en "20Minutos", en "El Economista" y en "El Cultural" han ido apareciendo noticias que suscitaban dudas sobre si la SGAE es, como debe serlo por estatutos y ley, una sociedad sin animo de lucro.