Lo de Francia no tiene remedio, mediante decretazo las operadoras tienen que espiar a los usuarios, advertirlos dos veces en caso que descarguen contenidos declarados ilegales e, incluso, desconectarlos si persisten. Se habla que, en breve, saldrá otra ley que condene a muerte, por guillotina en plaza pública y prohibición de entierro en sagrado, si lo descargado es de Carla Bruni, pero, por ahora, solo son rumores.

En España, la patronal Aetic admite, sin rubor, que estudian con atención, y hasta con envidia parece, el modelo francés. No lo ven aplicable por el momento dado el derecho a copia privada que tienen los ciudadanos españoles y el que solo los pueda condenar un juez, no un organismo declarado competente por una sociedad recaudatoria privada, uno de los motivos por los que, afortunadamente, la SGAE rompió las negociaciones con las operadoras.

Aprovechando que hay dos ejemplos cercanos, Francia y Reino Unido, y olvidando cuidadosamente las recomendaciones de la Unión Europea y la postura de Noruega, Promusicae ha decidido exigir al Gobierno que adopte el modelo punitivo de dejar sin acceso a Internet a quien ellos decidan que se descarga ilegalmente archivos, cosa que para cualquier juez de carrera y oposición es bastante difícil de dictaminar, pero que para ellos, que son más listos, parece, sería muy fácil de determinar.

Solo hay que olvidarse del necesario ánimo de lucro que marca la ley para que la actividad sea constitutiva de delito y pasarse por el arco de sus caprichos el derecho a copia privada que existe en España y listo, ya no hace falta ningún juez, que no hacen más que incordiar con su eterna manía de respetar las libertades de los ciudadanos y, hasta ahora, no han condenado a nadie por usar un P2P para uso privado.

Francia decidió que no necesitaba de jueces para decidir quien tiene derecho a navegar por la Red y quien no, Reino Unido se encuentra en mitad del proceso de hacer lo mismo, aunque con más reticencias y, en general, la tendencia en Europa, defendida por el centro derecha, de cortar la conexión a Internet a quienes compartan sin pasar por caja, se enfrenta a la postura de imponer un canon por nada, que ni da derechos ni te eximen de él cuando es obvio, y demostrable, que el material gravado con esa especie de impuesto incontrolado no se va a usar para copias privadas.

En España las operadoras ya declararon, por si los resultados electorales eran otros, que no tenían inconveniente en hacerse mamporreros de la industria discográfica, cinematográfica y demás asociaciones, altruistas todas ellas, que florecen a su sombra y no dejan, en ningún momento, de aportar brillantes ideas. Mientras, aquí somos más de canon, y la SGAE obtendrá 225.885.553,35 euros, en este año, por ese concepto.

La teoría más extendida es que si una operadora española adopta el modelo francés o ingles tendría que soportar un número de bajas que cuestionaría su rentabilidad. No ha pasado tal cosa en Francia, no está pasando en Reino Unido, mucho nos tememos que no pase nada en España en un futuro muy cercano y nosotros estamos dispuestos a quemar nuestros routers en una hoguera hecha con nuestros PC y fundar una comuna de sexadores de pimientos de Padrón en lo alto del monte más empinado que encontremos.

A nadie se le escapa que en el seno del bipartidismo español hay acuerdo sobre el tema, y encima la postura les favorece, unos abogan por el canon y retrasan la adopción de posturas más radicales, otros se decantan directamente por esas otras soluciones "europeas", pero con muchísimo cuidado de no matizarlas, que sino lo que pretenden conseguir, votos, se les volvería en contra.

Volvemos hoy al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, donde las cuestiones referentes a la Red andan tan revueltas como en España, aunque esta vez no es para hablar de un proyecto tan desastroso como del que os comentabamos el sábado.

De todos es sabido que tanto Telefónica como la CMT son partidarios de que desaparezca la actual regulación, que obliga al la operadora incumbente a ceder sus lineas a la competencia a unos precios intervenidos, siendo la propuesta alternativa la de realizar esa regulación por zonas geográficas, en vez de para todo el territorio nacional a la vez.

Se va cerrando el cerco y la tendencia de países que no hace tantos años considerábamos como adelantados en los derechos sociales, por lo menos comparando con lo que por aquí se estilaba, consiste en jorobar a los usuarios de las redes P2P, poniendo las pretensiones de las multinacionales de negocios desfasados muy por encima de los intereses y derechos de los ciudadanos.

Sarkozy regaló a Carla Bruni, en vez de anillo de compromiso, una férrea censura de las descargas de Internet y ahora el Gobierno británico esta dispuesto a seguir sus pasos y por el mismo sistema: involucrar a las operadoras para jorobar, en tres tiempos, a los que se descarguen archivos que gente sin determinar, pero que todos sabemos quienes son, decida que no se pueden descargar sin pasar por taquilla.

Dos posturas enfrentadas, la de la SGAE y la de un empresario de hostelería, dos años de juicios y una sentencia contra esa asociación de autores, que deberá abonar las costas del proceso.

Este es el resumen de la aventura de Ricardo Alameda desde que la SGAE se cruzó en su vida. Propietario de un local en Tomelloso, Ciudad Real, Ricardo colecciona y "pincha", en su bar, música que ya no se puede adquirir en los circuitos comerciales, discos de vinilo que han sido descatalogados, hace tiempo, por las discográficas.