¿Hasta qué punto es legal rastrear las conexiones de los usuarios para saber para qué utilizan las redes? Mientras sigue el debate sobre la neutralidad en la red en Suiza tienen respuesta a esta pregunta: no.

El tribunal federal de Suiza ha iniciado un proceso penal contra Logistep, una empresa dedicada a rastrear conexiones sospechosas de tener un alto tráfico de P2P a petición de los dueños de derechos de autor.

El proceso era sencillo: Logistep investigaba los datos de una conexión hasta dar con los datos finales del usuario para posteriormente localizarle físicamente y exigir una cantidad de dinero para no ir a juicio.

¿El fin justifica los medios? En el 2008 el organismo de protección de datos suizo dio la razón a Logistep, sin embargo, ahora en 2010 la visión es totalmente distinta. De hecho, el tribunal federal ha pedido el arresto del responsable de la empresa.

Internet sería menos Internet si no existieran las redes de pares (P2P) o, como mínimo, sería diferente. Hasta ahí nadie pone esa afirmación en duda. El problema comenzó hace unos años cuando el mundo se dividió entre aquellos que criticaban duramente al P2P (el amante de las descargas "ilegales" de contenido) y los que, sencillamente, lo usaban.

Por supuesto, estos últimos estaban la mar de contentos; contenido gratis, rápido (o no tanto, pero gratis) y a la carta. ¿A qué viene esta introducción?

Pues básicamente sirve para hacer una pequeña reflexión sobre la importancia del P2P en Internet y de cómo ha cambiado el mundo de los contenidos. No es que simplemente un intercambio de canciones o que una serie que se baje de Internet pueda tener más éxito que emitida en televisión, sino que nos referimos a un hecho tan claro como que hablar del 'peer to peer' es hablar del principal uso de Internet junto con las redes sociales en nuestro país. Además, parece que no se trata tanto de pagar o no (que también) como de acceder a un servicio de contenidos que no se ofrece de otro modo. El éxito de Spotify o Hulu constatan esto. Dicho de otro modo, ha permitido enseñar el futuro a la industria o a quien quiera verlo.

A estas alturas de la película de la ley Sinde, camuflada con lo de economía sostenible, poco nuevo se puede contar, pero de vez en cuando, solo por la claridad con la que se exponen verdades como puños, no hay más remedio que mencionar alguna otra opinión, como es en el caso del informe independiente de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, donde se rebaten, uno a uno, todos los argumentos que se han usado para hacernos tragar las leyes antidescargas.

La Asociación de Internautas ha decidido llevar el caso "putasgae" a Europa. Después de la sentencia del Supremo, en la que se le condena por contenidos y opiniones de terceros en un espacio web cedido a una plataforma anti SGAE, la AI ha decidido recurrir en la UE presentando una denuncia ante la Comisión de las Comunidades Europeas.

El recurso de basa en el art. 16 de la LSSI: "Los prestadores de un servicio de intermediación, consistente en albergar datos proporcionados por el destinatario de este servicio NO SERÁN RESPONSABLES por la información almacenada a petición del destinatario, siempre que: No tengan conocimiento efectivo de que LA ACTIVIDAD o LA INFORMACIÓN almacenada ES ILÍCITA o de que lesiona bienes o derechos de un tercero susceptibles de indemnización". Es más, precisa después que “el prestador de servicios tiene el conocimiento efectivo cuando un órgano competente haya declarado la ilicitud de los datos.

Con este brillante titular arranca un articulo publicado en Los Angeles Times, que continua diciendo que España es el país de Picasso y las corridas (de toros) y, ahora, también, de las descargas ilegales. Antes de entrar en el tema, conste nuestra más profunda indignación por haber sido omitidos, seguro que a propósito, para hacer daño, la pandereta, el jamón, la paella, la tortilla de patatas y la bota de vino.

Por otro lado debemos recordar a esos señores que allá ellos con sus leyes, que por aquí manejamos otras que garantizan una serie de derechos, como puede ser que nadie, incluyendo el Estado, tiene derecho a matarte o el derecho a copia privada, aunque este último sea un derecho “de pago” gracias al canon digital. Nuestra Constitución no es perfecta, ni mucho menos, ni nuestras leyes, pero si nos dan a elegir entre ellas y las suyas, no hay color.

Una de las cosas a la que se ha dedicado en Gobierno español últimamente, con vistas de dar imagen moderna de cara al turno de presidencia de la UE, es a preocuparse, muchas veces pasarse, en temas que se generan en la Red. La exagerada propaganda que se le da a las actuaciones de la Brigada de Delitos Informáticos, a veces con verdades a medias, los intentos de alienación del ciudadano en varias campañas publicitarias y la mera presencia en su cargo de la ministra Sinde son nada más que la parte visible del iceberg tejido con vistas de ... quizás de lo que nos advierte Eduard Punset.

Trancribimos textualmente el manifiesto de estos dos prestigiosos abogados españoles:

Denuncia contra el Estado español por el monopolio de las entidades de gestión

“El que sabe no habla, el que habla no sabe”

Con esta frase del Tao Te Ching quisiéramos David Bravo y Javier de la Cueva invitar a los ciudadanos a compartir con nosotros una acción jurídica contra el Estado español por vulneración de la normativa comunitaria.