Sarkozy está triste. La CE se le ha sublevado en su año de mandato europeo y le ha echado por tierra uno de sus más preciados proyectos: Una Europa en la que todas las operadoras envíen cartas admonitorias a los que se descarguen ficheros de las redes P2P e, incluso, corten la conexión a los que lo hagan caso.

La Comisión Europea ha aprobado el informe del Parlamento Europeo en el que se recuerda que las operadoras "no pueden restringir el acceso de los internautas ni los derechos fundamentales de los ciudadanos sin una autorización judicial previa" y descartan, de plano, imponerles labores de espía y permitirles enviar a sus usuarios cartas amenazantes al respecto.

Los datos de la UE arrojan un total de 36 conexiones a banda ancha por cada 100 habitantes, lo que considera insuficiente.

De ahí la elaboración, por parte de la Comisión Europea, de un documento que indica la conveniencia de que se incluya en el servicio universal el acceso a Internet por banda ancha, con lo que se convertiría en un derecho exigible por todo ciudadano, al menos en teoría.

No es el primer intento que se hace en este sentido y, hasta ahora, sin éxito. Demasiados intereses contrapuestos, entre ellos los sagrados beneficios de las operadoras, que ninguna esta dispuesta a disminuir en beneficio de la comunidad.

Ya esta listo el borrador de las recomendaciones de la Comisión Europea a los reguladores nacionales sobre las normativas a aplicar en las redes de fibra óptica. Para octubre estará aprobado.

Un documento que ahora mismo será lo más estudiado por la CMT, que intentará que su normativa se ajuste lo máximo posible a él. No le costará trabajo en las primeras consideraciones, que tratan de la apertura de las canalizaciones de la operadora histórica a la competencia. Ese punto ya coincide con las actuales medidas provisionales que ha adoptado el organismo español.

Aquí, en España, es inminente que la publicación en el BOE de la nueva normativa sobre canon digital termine con las escasas ilusiones que a alguno le puedan quedar sobre un trato justo al consumidor de productos electrónicos e informáticos, definición que, hoy en día, abarca desde el profesional hasta el que quiera hacer una foto a la familia o tener un terminal móvil. El Ejecutivo se lava las manos a partir de ahí y le pasa la bola a la UE, considerándola como único organismo capacitado para hacer normativas que lo modifiquen.

En contraprestación se anuncia que el informe sobre la SGAE y demás sociedades gestoras de derechos que se inició a principio de año estará listo para diciembre. Veremos si es solo el lavado de cara y mejora de imagen que pretenden unos, o si se estudia con atención el tema de que están obligadas a ser sociedades sin animo de lucro y se contempla, de verdad, su relación con otras sociedades sí lucrativas que parecen depender de ellos y obtener beneficios de esa estrecha relación.

Viviane Reding se esta viendo obligada a dar marcha atrás en sus aspiraciones por la presión de casi todos los estados miembros de la Unión Europea, contrarios a que se cree un organismo regulador del mercado de las telecomunicaciones, común para todos, con derecho de veto de las decisiones que, a nivel nacional, puedan tomar las respectivas Administraciones.

La oposición de España a este proyecto se planteó desde el germen de la idea, y no tardaron otros países, sobre todo Alemania, Bélgica, Portugal y la República Checa, por mencionar los que más se han destacado, en posicionarse claramente en contra de la propuesta de Vivi, que no ha tenido más remedio que adoptar una postura más dialogante y negociar, a la baja, sus planes, a pesar de los informes positivos con los que cuenta.

El que una banda de cobradores del frac, más o menos apoyados por proveedores de Internet y estamentos gubernamentales, pueda desconectar de la Red a un usuario es, a todas luces, un atentado contra sus libertades, por muchas canciones o películas que se haya bajado el sujeto.

El acceso a la cultura y a la información es un derecho fundamental, hasta para los viles y rastreros delincuentes que usan el Emule u otro software diseñado expresamente para socavar los cimientos de la sociedad, tanto en lo económico como en lo moral, por no nombrar los daños, a nivel particular, que producen en la estabilidad emocional de Ramoncín, Bisbal y otros muchos más.

El Tribunal de Primera Instancia de la Unión Europea ha confirmado la multa, que en su día se le impuso al operador histórico alemán Deutsche Telekom, por dificultar la competencia al no aplicar todos los margenes de descuento de los que disponía en el alquiler mayorista de sus lineas.

La reacción lógica al leer estas lineas es pensar ¿a mi que narices me importa esto si ni siquiera Deutsche Telekom está ya en el mercado español tras vender Ya.com?