La
cosa empezó en octubre del año pasado, cuando
más de 350 usuarios, repartidos por 29 provincias españolas, comenzaron a recibir facturas de
ONO sin que ellos hubiesen cambiado de compañía telefónica voluntariamente. Al poco fue presentada una denuncia
contra ONO por exigir el pago de facturas correspondientes a cambios de operador no solicitados.
El asunto era grave, la imagen de la compañía estaba en entredicho y la única solución estaba clara. ONO denunció, a su vez, a la
empresa subcontratada por ellos mismos para comercializar sus productos, y puso toda la documentación y contratos sospechosos a disposición del juez, que no tardó en localizar
116 contratos con la firma falsificada y otros
186 tramitados por medio de engaños. Ahora se inicia el juicio contra
115 empleados de la empresa subcontratada, que se enfrentan a las actuaciones, en su contra, de la Fiscalia, de los particulares afectados y de ONO, que se persona en el juicio como parte perjudicada. Esta causa se esta viendo en
Barcelona y se juzgan irregularidades cometidas en una empresa de servicios española. ¿Se podría garantizar, tan eficazmente como en este caso, los
derechos de los usuarios si la empresa que actúe irregularmente estuviese ubicada
fuera de nuestras fronteras, no solo nacionales, sino también europeas?
