Sobre el canon se ha hablado con todos, menos...

Para imponer el canon el Gobierno ha involucrado al ministerio de Industria y al de Cultura, que han mantenido conversaciones con la SGAE y conmilitones de idéntica función recaudatoria y con los fabricantes de los dispositivos gravados. Echamos de menos una de las partes involucradas directamente, tan interesada en el tema como que es la que paga.

Son siete los puntos, acertadamente resumidos por la AI, los que quiere destacar el Consejo:

1. Quiere expresar su malestar con las administraciones competentes por la falta de interlocución de éstas con el máximo órgano de consulta y representación de los consumidores, durante la elaboración del presente proyecto. Se han mantenido contactos con las diferentes partes implicadas, menos con el Consejo, siendo el presente proyecto un texto que a quien más va afectar es a los usuarios finales de dispositivos o componentes de la sociedad de la información.

2. Que participa de la idea general de que la compensación por copia privada dista mucho de ser un sistema justo y equitativo para los consumidores y usuarios, toda vez que establece el pago por parte éstos de una cantidad asociada al almacenamiento y reproducción de copias privadas de obras protegidas por el derecho de propiedad intelectual, aún cuando empleen los equipos y soportes adquiridos para otros fines.

3. Que considera que debe estudiarse la viabilidad, en un periodo razonable, de optar por otras opciones que permitan asociar la generación de la obligación de remuneración a los derechohabientes al acto privado de reproducción de una obra, y no a la adquisición de equipos, dispositivos y soportes idóneos para tal actividad.

4. Que considera que debe estudiarse también la posibilidad de desvincular las obligaciones del usuario final de las de la industria como deudora de modo que, mientras el colectivo de fabricantes, importadores y distribuidores quedara obligado a un pago en base a la idoneidad de los equipos, dispositivos y soportes, no pudieran repercutir ese pago al consumidor si éste puede acreditar que no los emplea para realizar copias privadas, debiendo incluso rembolsar a ese consumidor final, si la acreditación es a posteriori, el canon repercutido en su venta.

5. Que observa con preocupación la repercusión en el precio final de estas tarifas y el encarecimiento de los productos que sin duda afectará a los usuarios.

6. Que considera que la revisión (de las tarifas en el año 2009), no debería centrarse únicamente en las cantidades recaudadas sino también en el proceso mismo del sistema de revisión, ya que podría dar lugar a efectos perversos, que acaben redundando en perjuicio de los consumidores, de modo que, cuanto menor fuera la práctica de la copia privada, mayor fuera comparativamente la recaudación de las entidades de gestión o viceversa.

7. Que propone que en aras de la mayor protección de los consumidores, en relación con el derecho a la información, que los productos, equipos o dispositivos sujetos al pago de la compensación, en su etiquetado debería identificar las cuantían aplicables a cada uno de ellos.

En cuanto a las conclusiones tampoco tienen desperdicio y son, a nuestro juicio, lo más acertado que, sobre este asunto, hemos leído en mucho tiempo: CCU “considera que no se contempla de modo satisfactorio en el marco legal sobre los derechos de propiedad intelectual la participación de las organizaciones de consumidores en la fijación de los criterios de valoración de la compensación por copia privada o sus ajustes, que quedan en manos de la industria como deudora y de las entidades de gestión como receptoras sin considerar que son los usuarios y consumidores finales los que finalmente deben hacer frente al pago del gravamen”.

Y remata asegurando que “mientras se mantenga el actual sistema recaudatorio, debería procurarse desde el Gobierno un mayor control y transparencia de la labor de las Entidades de gestión, de sus criterios de distribución de los ingresos percibidos en esta materia y de su labor inspectora”, y plantea “que se analicen el profundidad las ventajas e inconvenientes de crear una instancia pública de recaudación en la materia tal y como existe en algunos países europeos, especialmente en el marco de la armonización del sistema dentro de la UE”.

Amén.