Se va cerrando el cerco y la tendencia de países que no hace tantos años considerábamos como adelantados en los derechos sociales, por lo menos comparando con lo que por aquí se estilaba, consiste en jorobar a los usuarios de las redes P2P, poniendo las pretensiones de las multinacionales de negocios desfasados muy por encima de los intereses y derechos de los ciudadanos.

Aunque Bruselas no sea partidaria del sistema, dejó la puerta abierta a las legislaciones particulares de cada Estado miembro, y estos van demostrando, uno a uno, que están dispuestos a mantener un modelo de negocio totalmente obsoleto en cuanto productos audiovisuales se refiere.

Dentro de poco, al igual que ya sucede en Francia, las operadoras británicas advertirán a los usuarios que descarguen algún archivo con derechos de autor de que están cometiendo un delito. Tras esta primera fase, si hay reincidencia, el delincuente en cuestión sufrirá una desconexión temporal de su linea, tras lo cual, si vuelve a las andadas, se quedará definitivamente sin ella, pasando a engrosar una lista negra que le impedirá contratar con otro operador.

Una "condena" a quedarse toda la vida sin acceso propio a la Red la podemos equiparar a que a alguien se le prohíba comprar o leer un periódico, o que no pueda ver un informativo de televisión en su vida o que no pueda escuchar la radio, porque se haya sentenciado en ese sentido.

Un absurdo de tal envergadura que no puede ser, jamas, refrendado por ningún juez. Una medida de índole meramente civil que nunca podría sostenerse en lo penal sin saltarse a la torera una lista interminable de derechos constitucionales y, en definitiva, el sueño dorado de algunos, como SGAE o Promusicae.

Hasta ahora tribunales y Ejecutivo españoles, aunque estos últimos dando marcha atrás en el último momento, han impedido que esto mismo pase aquí. Veremos qué se oculta, en realidad, detrás de las promesas electorales y que nos depara el futuro cercano.