Lo de Francia no tiene remedio, mediante decretazo las operadoras tienen que espiar a los usuarios, advertirlos dos veces en caso que descarguen contenidos declarados ilegales e, incluso, desconectarlos si persisten. Se habla que, en breve, saldrá otra ley que condene a muerte, por guillotina en plaza pública y prohibición de entierro en sagrado, si lo descargado es de Carla Bruni, pero, por ahora, solo son rumores.

En España, la patronal Aetic admite, sin rubor, que estudian con atención, y hasta con envidia parece, el modelo francés. No lo ven aplicable por el momento dado el derecho a copia privada que tienen los ciudadanos españoles y el que solo los pueda condenar un juez, no un organismo declarado competente por una sociedad recaudatoria privada, uno de los motivos por los que, afortunadamente, la SGAE rompió las negociaciones con las operadoras.

De todas maneras Aetic está dispuesta a reanudar las negociaciones, Redtel tampoco le haría ascos a un acuerdo, para conseguir una represión estilo Sarkozy, aunque con matices: “Podría crearse un mecanismo similar siempre que hubiese una autoridad pública con competencias controladas por un organismo jurídico", nos intranquiliza Edmundo Fernández, director de Electrónica Profesional de Aetic.

Actualmente está claro que tendrían que ser todas las operadoras, al tiempo y sin fisuras, las que, por un motivo u otro, adoptaran estas medidas restrictivas. Una sola que no las aplicara se quedaría con todos los clientes de las otras, aunque fuese la peor de todas.

Esto está sucediendo en Reino Unido, donde Virgin Media ha querido ser adelantada en el tema y ha mandado un millar de cartas admonitorias a sus clientes, que han contestado dándose de baja y haciéndole toda la publicidad negativa que han podido, actividad a la que nos sumamos con gusto, aunque no sirva para nada.

El compromiso que Virgin alcanzó con la ilustre British Phonographic Industry le ha salido a la operadora bastante caro, en clientes y en desprestigio, hasta el punto que ha tenido que aclarar, poco más o menos, que no pasa nada si no se hace ni puñetero caso a la carta, a pesar de que, en el sobre, advierte que si no la lees peligra tu conexión.

Mientras, aquí, en España, parece que todos, menos los usuarios, están deseando que cambie la legislación, tanto nacional como europea, para poder crujirnos alegremente.

Solo añadir que un Estado que sustituye un derecho, consolidado y afianzado en el tiempo, por una medida restrictiva tiene un nombre que no suena muy bien, ni en español ni en francés, aparte de la típica comparación, inexacta, con los cangrejos, que, como sabe todo el mundo, no andan para atrás, sino de lado, lo que a nosotros nos puede llamar la atención, pero que para ellos, nos consta, es muy normal y los raros somos nosotros.