Qué compartimos y qué no sobre la propuesta del Gobierno acerca de la financiación de RTVE

¿Por qué no estamos de acuerdo con el modelo de financiación de RTVE?

Creo que ADECES fue una de las primeras organizaciones sociales en manifestarse públicamente en contra del nuevo modelo de financiación de la Televisión Pública que propone el Gobierno.

Como se recordará, la propuesta del Gobierno, que tiene intención de que entre en vigor en septiembre, consiste en que la televisión pública abandone la publicidad como forma de financiación y que este agujero sea cubierto por los operadores privados de televisión, por los operadores de telecomunicaciones y los ingresos provenientes de determinadas tasas, conservando, además, una parte de financiación pública vía presupuestos generales del Estado, próxima al 50%.

En nuestra nota de prensa calificábamos esta propuesta como precipitada, provisional y alteradora del correcto funcionamiento de los mercados. En este artículo tratamos de explicar estos calificativos y algunos extremos más, aunque previamente sería positivo aclarar qué es lo que compartimos con la propuesta y por qué.

¿Qué compartimos con la propuesta del Gobierno?

Básicamente compartimos con la propuesta del Gobierno la intención de suprimir la publicidad como mecanismo de financiación en TVE.

Desde nuestro punto de vista la publicidad genera un modelo de financiación inestable, pendiente en extremo del mercado y sus altibajos: crisis, número de operadores en competencia, etc. Pero, sobre todo, la publicidad obliga, en cierta medida, a estar pendiente en exceso de una programación que atraiga a la audiencia, lo que en más ocasiones de las deseadas relega las verdaderas finalidades de la televisión pública.

Por otra parte, la dependencia de la publicidad, en tanto que introduce inestabilidad en la financiación, crea desequilibrios en el porcentaje de financiación pública proveniente de los presupuestos.

Finalmente, la participación de la televisión pública en el mercado publicitario altera de forma significativa la financiación de las televisiones privadas en abierto, cuyos ingresos tienen su origen en la publicidad.

Desde ADECES creemos que cuando el marco normativo habilita el nacimiento de mercados en competencia tiene que haber reglas claras que permitan su desarrollo y continuidad. La aparición de los operadores privados de televisión en España (también en otros mercados, pero este no nos ocupa ahora) estuvo siempre sometida a un vaivén legislativo –unas veces impulsado por Europa, otras por las propias condiciones nacionales- que fue aplazando el debate sobre el modelo de financiación de la televisión pública.

Hoy, sin embargo, este aplazamiento ya no es posible. La multiplicidad de nuevos canales que vienen a añadirse a los ya existentes y la segmentación de públicos, la coyuntura de crisis, aboca a un esclarecimiento del modelo de financiación.

Con franqueza, desde ADECES creemos que aún así, los operadores privados deberán afrontar una importante reestructuración. Si algo está empezando a quedar claro es que la tarta publicitaria no va a dar para todos los que hay; y que se acrecientan las dificultades de los anunciantes de llegar a su público mediante su presencia en la multitud de canales, lo que les hará (ya lo está haciendo) recurrir a otras forma de publicidad más directas y selectivas.

Por resumir diremos que compartimos la idea de abandonar la financiación publicitaria de la televisión pública por su carácter provisional y alteradora de los mercados, exactamente los mismos motivos que nos llevan a criticar el nuevo modelo de financiación propuesto por el Gobierno. Veamos por qué.

La propuesta del Gobierno: su carácter provisional

Hacer descansar parte de la financiación de la televisión pública en los operadores privados de telecomunicaciones y televisión, es un sistema tan coyuntural o más que el de la publicidad, que al igual que éste tampoco crea reglas claras y estables para el desarrollo del mercado.

Según la propuesta del Gobierno los operadores de televisión comercial y de telecomunicaciones que actúen a nivel estatal o que operen en más de una comunidad autónoma aportarán anualmente un 3% y un 0,9% de sus ingresos respectivamente.

Vayámonos, en consecuencia, preparando para la próxima vuelta de tuerca de esta película: los operadores privados dirán, más temprano que tarde, que destinar el 3% a la financiación de la TVE, lastra sus cuentas de resultados y pedirán, con razón, una revisión del modelo, aunque ahora lo aprueben por razones de interés coyuntural: mejor poder competir por disponer de un mercado de 600 millones, aunque sea a cambio de pagar el 3%.

Por su parte, los operadores de telecomunicaciones ya han dicho, con razón, que se oponen a esta carga. Si pagan por los derechos de lo que emiten, igual que las televisiones privadas, deberán poder explotarlo para obtener la máxima rentabilidad, sin que nadie merme sus ingresos de forma artificial.

La propuesta del Gobierno y la alteración de mercados

La propuesta del Gobierno sobre financiación de la televisión pública, representa algo así como una subvención cruzada entre sectores y nada hay más feo que “meter la mano en la caja” de otro como forma de financiación. Y eso en realidad es lo que ocurre.

La propuesta altera las condiciones propias en las que se debe desenvolver cada mercado, obligándoles a los actores del mismo a trasladar un coste inesperado a sus clientes, o bien a asumirlo como propio. En uno y otro caso tiene efectos en las cuentas de resultados, en las cotizaciones en bolsa, en las inversiones, en el encarecimiento de los productos. En fin, en la actividad propia.

A este respecto, llama la atención la disparidad de criterios entre las televisiones privadas y los operadores de telecomunicaciones en este asunto. Recientemente el secretario general de la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA) ha calificado como "normal" la tasa de las operadoras de telecomunicaciones ya que participan en el sector audiovisual.

Si la coyuntura no fuera la que es, cuesta trabajo imaginar a un representante de un sector privado admitir que el modelo es adecuado.

La precipitada propuesta del Gobierno

Cuando desde ADECES hicimos nuestra valoración hemos de reconocer que dudamos a la hora de tildar de precipitada la propuesta del Gobierno. No parece que sea precipitado abordar de un modo distinto un tema que lleva encima de la mesa casi 26 años.

Pero, precisamente este hecho, justifica el adjetivo. Si llevamos 26 años esperando, quizá podríamos abordarlo de una forma más pausada y consensuada. Quizá, sólo quizá, esto hubiese permitido lograr consensos sobre modelos más estables. Aunque, como se verá a continuación los modelos más sólidos y estables conocidos pueden ser catalogados de impopulares, una condición que dificulta su asunción por parte de Gobierno y oposición.

La propuesta de ADECES: presupuestos y financiación de los hogares

No hay grandes cosas que inventar, casi todo lo está.

ADECES desde luego comporte la necesidad de que exista una televisión pública, de que responda a fines de interés público, a criterios de pluralidad informativa, etc.

Pero al igual que aceptamos esto, también aceptamos que el modelo tiene costes, aunque por tradición nos parezca que es gratuito. En la actualidad, los ciudadanos pagamos, vía presupuestos del Estado un 47% de este coste.

El otro gran porcentaje de la financiación ha venido de la publicidad. Pero este modelo es inestable, como ya hemos comentado. De hecho, el modelo español no tiene definido un porcentaje de financiación pública, frente a los límites de Francia, Portugal, Alemania, Reino Unido o incluso Italia, países en los que la participación pública está establecida entre un 92% y un 50%.

La mayor parte de estos países tienen un complemento para la financiación de la televisión pública que es la fijación de un canon anual que pagan las familias y oscila entre los 92 y los 193 euros.

ADECES, propone que se siga este mismo modelo, donde por decirlo de una forma suficientemente ilustrativa se garantiza la estabilidad de la financiación y la “plena propiedad” de los ciudadanos sobre el ente público.

Según nuestros cálculos, con la financiación actual del Estado y los presupuestos de TVE, el canon representaría unos 39 euros al año por hogar.

Una cifra que consideramos puede ser asumida y que a la vez da solidez a la financiación, que acabaremos de una u otra forma y que evita la provisionalidad de la propuesta del Gobierno a la vez que no irrumpe en la “caja” de otros sectores o actores del mercado.

No obstante, somos conscientes de su impopularidad, acostumbrados como estamos a creernos la apariencia de la gratuidad actual. Precisamente es esta impopularidad la que previsiblemente impida que Gobierno y oposición alcancen acuerdos sobre un asunto que lleva demasiado tiempo pendiente.