La RED se moviliza por sus derechos

La ministra de Cultura, González-Sinde, anda intentando tranquilizar a la gente haciendo declaraciones indiscriminadas sobre que en España no se penalizará a los usuarios, sino a la páginas que faciliten enlaces a archivos protegidos por derechos de autor, y que todo va ser muy bonito y un ejemplo para el mundo. Como es natural, todos conocemos su pasado y sus tendencias actuales, lo que ha conseguido es crear una considerable alarma social.

No es para menos, el Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible se extiende hasta más allá de los confines conocidos y considera imprescindible para que el país no se arruine la creación de una todopoderosa Comisión de Propiedad Intelectual, situada por encima del bien y del mal y, por ende, de jueces y demás leyes que no le convengan.

Esa Comisión tendrá libre acceso a la información personal de quien le apetezca, sin mas control que el inexistente que se autoimpongan, lo que ya empieza a superar las peores pesadillas de cualquiera que hay cenado fuerte. Si a esto le unimos que su premisa base es que no existe más cultura que la que pasa por caja a través de los obsoletos canales de los que ahora les gusta llamarse Industria de la Cultura, para así excluir cualquier tecnología, medio o tendencia que amenace sus multimillonarios ingresos, normal que todos, internautas, periodistas, autores que no comulgan con la SGAE, profesionales de todo tipo y hasta gente rara, se hayan unido en un manifiesto que ya circula por toda la Red.

Y como basta una simple búsqueda en Google o similares para leerlo, y como todavía no hay ninguna ley que impida informarse fuera de los medios gubernamentales, nos damos el gustazo de ponerlo a continuación.

Por cierto, ¿habría leído Viviane Reding, Comisaria Europea de la Información, algún borrador de ese Anteproyecto antes de advertir que los planes españoles podían ir en contra de la legislación de la Unión Europea?

1.- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.

2.- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.

3.- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.

4.- La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.

5.- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.

6.- Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.

7.- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.

8.- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.

9.- Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.

10.- En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.