El que, por escasos días, es aun Ministro de Industria, José Montilla, quiere despedirse del cargo a la grande, y nada mejor para ello que soltar un bombazo informativo que nos pone la carne de gallina, o de pato a la pekinesa seria más propio decir, ya que la noticia, así sin detalles que la suavicen, nos hace pensar en la censura china a Internet.
Y es que el ministro, del que la verdad hasta ahora no teníamos demasiadas quejas, ya que por mal que lo hiciera, comparándolo con la de cultura parecía un santo, ha anunciado que es intención del gobierno impulsar una Ley de Impulso de la Sociedad de la Información, y por impulso entienden restricciones, establecidas no se sabe muy bien por quien.
Esa futura ley pretende «impedir el acceso desde España a servicios o contenidos cuya interrupción o retirada haya decidido un órgano competente«. Bien, conste que no tenemos el más mínimo interés en acceder a ninguna página de contenido ilegal en el sentido jurídico de la palabra, pero de ahí a establecer una censura a nivel internacional, para decidir que paginas podemos ver los españoles y cuales no, va un enorme trecho. En arras de una utópica libertad del individuo, preferiríamos que fuésemos nosotros mismos cada internauta a nivel personal, los que decidiésemos en que paginas debemos entrar y en cuales no, con la salvedad de una decisión judicial, con todas las garantías que otorga la Constitución y con información transparente del porqué, en cuyo caso veríamos muy bien impedido el acceso a cualquier web.
Pero el problema que vemos en este asunto es que según palabras del ministro Montilla, es que se estudiaran filtros que impidan el acceso a sitios que hayan sido prohibidos por algún organismo competente. Y aquí es donde nos entran los sudores fríos y la enfermedad de las siete cosas. ¿Os imagináis, por poner un ejemplo catastrófico, a la SGAE o a sus marionetas culturales manejando este cotarro? ¿Cuales serán los organismos competentes en el tema?
Señor Montilla ( y señor Clos, que en breve ostentará el cargo y “conoce y comparte” este asunto), el único órgano competente que puede censurar en España accesos a sitios internacionales de Internet es, insistimos hasta la saciedad, un juez español.