Esa es la conclusión a las que
han llegado algunos próceres, no identificados, de las
operadoras españolas. El tema se ha generado a raíz de
lo acontecido en Francia, donde Sarkozy, ha
conseguido que distintos ministerios, operadoras y entidades de
gestión de derechos de autor lleguen a ponerse de acuerdo para
fiscalizar a los usuarios de los P2P. Obviamente, han
partido con la gran ventaja de que la mayor compañía
del sector, France Telecom, esta participada, casi en un 50%,
por el Gobierno.
Los ISP franceses han aceptado
el advertir a quienes descarguen y compartan archivos sujetos a
derechos de autor e, incluso, dejar sin conexión al que
haga caso omiso de este primer aviso disuasorio. La pregunta que se
le ha planteado a los responsables de las empresas de accesos a
Internet españolas es inmediata: ¿Puede pasar
eso mismo aquí?
La respuesta
es descorazonadora, las operadoras españolas no
tendrían ningún inconveniente en hacer lo mismo,
aunque, afortunadamente, con algunos matices. Lo que ha pasado en
Francia podría pasar aquí, «Pero estamos tres
años más retrasados debido a que el sector más
duro de las entidades de gestión de derechos de autor
han mostrado una actitud poco dialogante y nos han querido
imponer condiciones inaceptables«.
Los ISP españoles
aceptarían colaborar, en el control de las descargas, con las
autoridades públicas, nunca con unas sociedades
privadas que «No quieren una autoridad independiente, y desde luego
no quieren que los usuarios estén representados, pero
los operadores no podemos dar ese poder a nadie salvo a un juez o una
autoridad garantista».
Conclusión, pintan mal las
cosas, aunque, si esto es así, que habría que verlo,
solo queda decir una cosa: Gracias, SGAE, por ser como sois,
tan intransigentes y, como modesta muestra de agradecimiento, para
que os alegréis la vista, aquí
tenéis una estimación de vuestros futuros ingresos, de
acuerdo con las nuevas tasas del canon digital. Por poco no
llega a los 111 millones de euros.