Ese es el encabezado de un escrito que
las asociaciones APEMIT y VACHE han elevado a dicho
organismo, y trata de un tema
que nosotros ya habíamos considerado significativo, y digno de
hacer público, hace 8 meses, en abril.
No es la primera denuncia de estas dos
asociaciones, que reúnen a 1.370.000 consumidores: no
hace ni un mes que presentaron otra,
referente al sospechoso entramado empresarial de la SGAE.
Ahora hay que sumar esta, referida a la presunta financiación
irregular del Poder Judicial, basada en las continuas y
millonarias inversiones que las sociedades de gestión
de derechos de autor hacen en cursos, conferencias, incentivos y
demás actividades destinadas a formar, informar y educar a
miembros de judicatura en el tema de propiedad intelectual,
siempre, lógico, desde un punto de vista favorable a sus
intereses.
En la anterior ocasión en que
tratamos este asunto, el sentido común nos advirtió
de que no era momento de añadir comentarios ni opiniones
personales, conocedores de las reacciones
en estas circunstancias de la SGAE y compañía.
Ahora se presenta una oportunidad de reabrir el tema y, curiosamente,
seguimos recibiendo exactamente los mismos consejos de nuestro
subconsciente: cállate, cállate y
cállate.
Debe ser cosa del instinto de
supervivencia, nos lo haremos mirar por un médico de pago, que
no este formado, informado ni educado por nadie más que
la Facultad en la que estudiara y, además, nos
cuidaremos que esta fuese pública, que la educación
privada, y la concertada, nos da repelús en la mayoría
de los casos, no en todos, antes que alguien se ofenda, pero casi.
Lo que sí que nos permite el
profundo canguelo que sentimos al tratar este tipo de información
es facilitaros el enlace en que podéis leer el texto
completo del escrito remitido.