En Francia, el Gobierno de
Sarkozy, contaba con una gran ventaja a la hora de que el
actual presidente cumpliera con la promesa conyugal de que nadie
pudiese bajarse de Internet una de las soporíferas
canciones de Carla Bruni sin recibir un castigo ejemplar por
tamaño desacato: France Telecom, el operador histórico
francés es, en más de la mitad, de capital publico,
un semi monopolio, vamos.
Otra cosa es en Reino Unido,
donde las operadoras se resisten,
lo mismo que en España, a pasar por el aro y dedicarse
a espiar a sus abonados, a ver quien anda por redes P2P y
quien no, con la sana intención de «chivarse» a
continuación. El Gobierno de Su Graciosa Majestad
está dispuesto a fastidiar tanto o más que el de Madame
la Republique, pero las operadoras británicas apelan a la
ley para no tener que bailarle el agua a las sociedades
recaudadoras de derechos de autor.
Se basan en que tanto la regulación
comunitaria como la propia definen a los proveedores de Internet como
“meros conductos” y que, por tanto, no son
responsabilidad suya los contenidos y, muchísimo menos,
el fiscalizarlos. Y eso sin contar la elemental ley de
protección de la intimidad que prohíbe,
expresamente, revelar datos personales a no ser que sea
mediante orden judicial.
Por ahora en eso se han plantado: si
el Gobierno de Su Tronchante Majestad quiere imponer esa nueva
ley, que antes cambie las anteriores, que, si no, no hay nada que
rascar.
Veremos el tiempo que son capaces de
resistir.