Los datos de la UE arrojan un
total de 36 conexiones a banda ancha por cada 100
habitantes, lo que considera insuficiente.
De ahí la elaboración,
por parte de la Comisión Europea, de un documento que
indica la conveniencia de que se incluya en el servicio universal el
acceso a Internet por banda ancha, con lo que se convertiría
en un derecho exigible por todo ciudadano, al menos en teoría.
No es el primer intento que se hace en
este sentido y, hasta ahora, sin éxito. Demasiados intereses
contrapuestos, entre ellos los sagrados beneficios de las operadoras,
que ninguna esta dispuesta a disminuir en beneficio de la comunidad.
La situación en España,
como no, es de las más extremas de toda la UE. Bruselas
amenaza
con una multa por mala gestión del servicio universal.
Considera que no se permite la entrada en él a las operadoras
alternativas por obligar a quien asuma la responsabilidad de dar
línea a zonas no rentables a dar, también, el servicio
de información telefónica, a instalar y mantener las
cabinas y publicar los listines o guías.
Hasta ahora siempre que la CMT
ha reunido a todas las operadoras del país y ha preguntado
quien quiere meterse en dar servicio universal, la cosa ha terminado
en indigestión. A todos les ha sobrevenido alguna urgencia y
han tenido que abandonar la reunión a toda prisa, con lo que
se han tenido que comer el catering ellos solos, sin más ayuda
que Alierta. Ya que estaba pagado no se iba a quedar allí.
Imaginamos que Bruselas quiere
que se ofrezca el servicio universal desglosado para que tenga que
hacerse una reunión para las líneas, otra para las
cabinas públicas, otra para el servicio de información
telefónica, otra para las guías impresas y así
conseguir que la CMT en pleno reviente de tanto canapé.
Maquiavelico.