El Gobierno sigue intentando que los ISP controlen las descargas

Y decimos el Gobierno porque la
a la SGAE y compañía ya se le presuponen las
intenciones.

Se van dando pequeños, pero
decisivos, pasos para conseguir que los proveedores de Internet
actúen como policía privada, que se dediquen a aplicar,
sin intervención judicial, unas sanciones a los que consideren
que realizan descargas en contra de los intereses particulares de…
de quien monte el cotarro.

El primer paso, victoria
de Sarkozy, ha sido que el Consejo de la Unión
Europea ha descartado
la enmienda 138, que exigía a todos los países
miembros que, en estos temas, decidiera un juez. Sin normativa
comunitaria por encima, cada estado aplicará sus propias
leyes.

Por ahora, en España, la
legislación solo reconoce un organismo competente para
determinar si un contenido o actividad es ilícita en la Red:
los Juzgados, pero esto puede cambiar de un momento a otro.

Francisco Ros, Secretario de
Estado de Telecomunicaciones, deja todas las puertas abiertas
a cualquier cambio, a peor, tras la demagogia típica de
buscar equilibrio entre las partes y que hay que estudiar «si se
establecen procedimientos de comunicación a los usuarios,
porque antes de cortar hay toda una serie de medidas que se pueden
llevar a la práctica como informar o comunicar», se
agarra a una UE, dirigida este año por Sarkozy,
y asegura que hay que buscar soluciones globales, para toda Europa.

Justo lo contrario que mantiene
la comisaria europea de Protección de los Consumidores,
lo que ya resulta
significativo, y una manera como otra de lavarse las
manos, de conseguir establecer un estado policial a favor de los
recaudadores de derechos de autor y en contra
de las libertades de los usuarios, para luego decir que no han sido
ellos, que ha sido Bruselas.

Y como el que no corre vuela, y al olor
de los euros cualquiera hace relojes de madera, cada vez cobran más
fuerza las teorías de que todo está decidido
ya entre SGAE y similares y los principales operadores
españoles, los de Redtel (Telefónica, Orange,
Vodafone y ONO) y que en breve presentaran su propuesta al Ministerio
de Industria. Solo esperan que desaparezcan los cada vez menos
flecos legales que les molestan.

Por supuesto que las alarmas han
saltado a todo los niveles, igual que nosotros pataleamos en nuestra
modestia, otros hacen lo propio, con la esperanza de que muchos
pequeños berrinches formen uno grande, que haga el suficiente
ruido como para ser oído.

A niveles de más importancia,
destacar el documento
elaborado por la FACUA, del que ya se ha hecho eco
la AI, en el que se lamenta que la preocupación del
Gobierno vaya más por fiscalizar a los usuarios de
Internet que por defenderlos de los abusos de las operadoras y
considera
que el otorgarles a estos últimos poderes para poder espiar,
juzgar y condenar, cortando conexiones, es, a todas luces, ilegal.

Sin rechazar en ningún momento
los derechos de los autores, los negocios montados a su
alrededor ya nos importan menos, coincidimos plenamente con la FACUA
en que muy por encima están los derechos fundamentales de los
españoles, entre otros el del secreto de sus comunicaciones,
privacidad, intimidad y presunción de inocencia.