Era una batalla perdida. El breve
periodo de lucidez de la Unión Europea, durante el que se ha
mantenido en la postura de que solo un juez puede decidir la
desconexión de un usuario, ha terminado y, ante las presiones de
Francia y Gran Bretaña, se ha modificado
el paquete Telecom que se va a aprobar en breve dejando en manos
administrativas las sanciones de dejar sin Internet a quienes
descarguen archivos protegidos por derechos de autor.
Se escudan en que una norma en que se
requiera intervención judicial para una sanción que implica negar a
alguien el acceso a la Red, quitarle su derecho fundamental al
acceso a la información, supera las atribuciones de la UE.
Sin embargo, dejar a millones de europeos a merced de los caprichos
del político de turno parece que sí entra de lleno en su cometido.
Así las cosas, la última palabra la
tendrán los gobiernos de cada país miembro, que podrá aplicar, o
no, las cacicadas que les pida el cuerpo, eso sí, tendrá que decir
que lo que hace es “apropiado, proporcionado y necesariamente
dentro de una sociedad democrática» y «con el debido
respeto al principio de presunción de inocencia y al derecho a la
privacidad». Veremos que se decide en España.
Con afirmar eso será bastante, y
correrá a cargo del damnificado acudir a los tribunales en
caso de no estar de acuerdo.
Todo sea por mantener a aquellos que se
hacen millonarios en nombre de la cultura, vendiéndola a precios
desorbitados y con impuestos de lujo y explotando a los autores.