El año pasado el Gobierno
decidió que en 2011 habría un servicio universal de banda
ancha en España, ahora
se inician las consultas a las operadoras con el fin de averiguar
cuales están dispuestas a asumirlo, en que zonas y si lo harán
cumpliendo una serie de condiciones que les den derecho a una
subvención.
Un precio de alta inferior a los
39 euros, una cuota mensual de 25 euros máximo
para una bajada de, mínimo, un mega, preferible dos, y una
subida de 256 kbps es lo que propone el Ministerio de
Industria en esta consulta, lo que no estaría excesivamente mal
sino fuera porque establece, y deja la puerta abierta por tanto, un
límite de descarga de al menos dos gigas al mes, así
que de tarifa plana, nada de nada.
Y para poner la guinda, las exigencias
que se le aplican a las operadoras que quieran acogerse a las ayudas
gubernamentales llegan incluso a obligarles a garantizar el 2%
de ese mega, preferible dos.
Una burrada, hará falta ponerle
cinturón de seguridad al sillón para navegar a esas velocidades.