España ha vuelto a ser objetivo de la reprimenda de la Unión Europea, en esta ocasión por no cumplir con las directivas comunitarias acordadas sobre los derechos de los usuarios de telecomunicaciones que tendrían que haberse llevado acabo antes del 25 mayo.
Las medidas que tendrían que haberse llevado a cabo incluyen la portabilidad en 24 horas, la mejora de la información de los consumidores en cuanto los servicios contratados y la mejor protección de datos. Ahora estas medidas deben aplicarse en un plazo máximo de dos meses, de no ser así la cuestión se trasladaría al tribunal de justicia de Luxemburgo.
Esta normativa, una vez aplicada, podría ser beneficiosa también para las empresas de telecomunicaciones ya que podrán beneficiarse de mayor seguridad jurídica,según la Unión Europea.
Todo sea dicho, en esta ocasión no somos los únicos que no hemos hecho los deberes. Países como Alemania ,Francia, Italia, Polonia o Chipre también han sido expedientados, en total 20 estados de la Unión Europea.