Europa ha hablado, y ha prohibido obligar a los proveedores de Internet a analizar el tráfico de los clientes o directamente bloquear la comunicación P2P, pues los derechos de autor no están por encima de los derechos fundamentales de los usuarios.
Este litigio fue llevado a Bruselas de la mano de la sociedad de autores de Bélgica SABAM, que se enfrentó con el proveedor Scarlet pues éste permitió el tráfico P2P de obras protegidas por derechos de autor.
La justicia dio la orden de impedir este tráfico, pero Scarlet fue a Bruselas anunciando que inspeccionar las comunicaciones iba contra el Derecho de la Unión, terminando por darle la razón a la empresa, y podría sentar jurisprudencia en el caso de España, que continua moviéndose por la Ley Sinde.