La Asociación de Internautas (AI) revela un avance de la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) que tantas críticas ha recibido por parte de los usuarios de contenidos audiovisuales. En ella, se universaliza el pago del canon digital, se limita el concepto de copia privada y se sancionará el enlace en términos criminales. Además, el importe del cargo a los Presupuestos Generales del Estado de compensación por copia privada “será negociado por las entidades de gestión, así como la forma de pago y demás condiciones”.
De esta manera, el Gobierno pretende, no sólo modificar la mencionada Ley, sino realizar una modificación del Código Penal para sancionar a las webs de enlaces y perseguir como un delito la actividad de “facilitar la localización de contenidos ofrecidos ilícitamente, entre otros, mediante listados ordenados y clasificados de enlaces a tales contenidos, desarrollando a tal efecto una labor activa y no neutral de mantenimiento”.
Por otro lado, la reforma excluye a los “prestadores que desarrollen una actividad neutral de motor de búsqueda de contenidos, esto es, Google y similares”.
Un intento más de desmantelar el libre intercambio de información entre usuarios, en este caso por parte del Partido Popular, para mantener un sistema de beneficios en detrimento de una población que ve que sus quejas y peticiones se quedan perdidas entre los archivos.