AOTEC (Asociación Nacional de Operadores Locales de Telecomunicaciones) sigue «en pie de guerra» contra el gobierno español por las ayudas a la banda ancha, las cuales considera que discriminan a las pequeñas poblaciones rurales.
Desde la entidad denuncian que el gobierno ha añadido una nueva medida al PEBA (Programa de Extensión de la Banda Ancha [de Nueva Generación]) imponiendo que los proyectos que se presenten para recibir financiación tengan un importe mínimo de 100.000 €.
Para llevar la banda ancha a pequeñas localidades rurales se requiere una cantidad muy inferior a esta, lo que supone que dichas poblaciones (que carecen de interés comercial para las grandes operadoras) verán muy probablemente lastrado su desarrollo tecnológico, ya que las operadoras locales del sector (que son quienes dan mayoritariamente servicios a estas áreas) no contarán con incentivos públicos para la implantación de cable de fibra óptica, al ejecutar proyectos individuales de mucho menor calado económico que el exigido.
Según indica Antonio García Vidal, presidente de AOTEC, la medida tomada por el gobierno «atenta contra el propio fin de estas ayudas«, ya que el espíritu de esta es el de equiparar los desarrollos tecnológicos de las grandes conurbaciones y las áreas rurales.
Tal y como estaban estructuradas las ayudas, hasta ahora ya primaban a los proyectos que incorporaban a un mayor número de municipios. Ahora, al establecer un mínimo económico, se acentúa este factor, obligando a presentar proyectos más amplios y con más poblaciones, lo cual acostumbra a ser prohibitivo para las operadoras locales, mientras que las grandes compañías acaban renunciando a las ayudas (y, por consiguiente, a la implantación) porque los proyectos no les son suficientemente rentables.
Ello desemboca en que los pequeños municipios acaban sin conectividad de fibra óptica, por la cual deben esperar ad aeternum.
Desde AOTEC no solamente denuncian la medida, sino también como y cuando ha sido aprobada esta, durante la semana santa y en pleno periodo electoral, lo que, en palabras de los representantes de la misma entidad, ejemplifica el desprecio del ejecutivo español por las PYMEs del sector.
La modificación en las ayudas llega después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) rechazara de plano, por anticompetitivo, el borrador de orden del Ministerio de Economía con el que éste pretendía otorgar sólo un proyecto por provincia.
«Claramente querían que sólo se presentaran las grandes empresas y ahora lo logran por otra vía, estableciendo el mínimo de 100.000 euros de cuantía subvencionable«, insiste García Vidal.
AOTEC mantuvo en marzo una reunión con el director general de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información del Ministerio de Economía y Empresa, Roberto Sánchez, en la que la asociación expuso las capacidades del sector, que es «tres veces más eficiente con el uso de las ayudas públicas que las grandes empresas«, tal y como demuestran los datos del propio Gobierno.
Desde el gobierno se tranquilizaba a la asociación, según explica también su presidente: «ni si quiera se nos había advertido de la posibilidad de este cambio, sino todo lo contrario, se nos enviaban mensajes de tranquilidad y de que no habría variaciones en la convocatoria«.
A su juicio considera que la actitud del Gobierno demuestra que «simplemente no cree en las capacidad y profesionalidad de las PYMEs españolas y prefiere dar el dinero de todos los españoles a empresas multinacionales«, preguntándose «cómo pretende el Gobierno que así las PYMEs ganen fortaleza y crezcan, y con ellas la economía del país, si se les vuelve la espalda«.
En este sentido, explica que los operadores tienen capacidad económica para acudir a la convocatoria, pero que su forma de crecer habitual es la de expandirse hacia municipios cercanos, por lo que podrían acudir coordinadamente a la convocatoria asociándose en Utes (unión temporal de empresas, entidad jurídica utilizada para acudir a concursos, por ejemplo) para abarcar un mayor número de poblaciones, algo inviable con sólo un mes de plazo.