El Consejo de Ministros de la Unión Europea debatirá a partir del próximo mes de septiembre una propuesta de la presidencia danesa que permite a los Gobiernos europeos acceder, a través de las compañías de telecomunicaciones, a datos sobre las llamadas telefónicas o los correos electrónicos que efectuen los clientes de estas compañías.
La propuesta, desvelada por el diario británico The Guardian, pretende dotar a la UE de un marco reglamentario común para la vigilancia de datos en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, incluidas las redes de pedofilia. Supone obligar a las empresas de telecomunicaciones a retener indiscriminadamente datos sobre los ejercicios de sus clientes, como los números de teléfono a los que llaman o las direcciones electrónicas a las que escriben. Esta información pasaría a sistemas informatizados de almacenaje, donde permanecería entre 12 y 24 meses, accesible a la administración pública.
Según The Guardian, entre los datos almacenados se incluiría información relativa a la fuente, el origen y el momento en que se produce una comunicación, así como datos personales del cliente de la compañía. Además, los estados miembros podrían pedirse e intercambiarse datos pertinentes para las investigaciones que realicen a escala nacional.
Sin embargo, el acceso a la información estaría restringido a labores de investigación contra el crimen La Comisión Europea recordó hoy que «sólo se trata de una propuesta», que, en cualquier caso, no será adoptada «hasta dentro de varios meses». El plan será debatido a nivel técnico el próximo 16 de septiembre.
Primeras reacciones
El presidente de la Asociación de Usuarios de Internet (AUI), Miguel Pérez Subías, calificó hoy de «regresiva» la propuesta de la Presidencia Danesa de la Unión Europea, relativa al uso gubernamental de la información privada que se maneja en Internet, y añadió que dicha propuesta supone «un paso atrás en los derechos a la privacidad y la intimidad».
En declaraciones a Europa Press, Pérez Subías comentó que con esta medida «no se soluciona el problema del ‘ciberterrorismo» y que su aplicación tendría unas «derivadas técnicas y económicas» que afectarían a multitud de empresas, y abogó por medidas «menos restrictivas».
El presidente de la AUI cree que va a haber una «contestación muy fuerte en el sector de los usuarios de Internet y en ámbitos más amplios», ya que esta propuesta afectaría a los usuarios de telecomunicaciones en general, lo que, por ejemplo, incluye a los millones de usuarios de telefonía móvil..