¿Por qué
no estamos de acuerdo con el modelo de financiación de RTVE?
Creo
que ADECES fue una de las primeras organizaciones sociales en
manifestarse públicamente en contra del nuevo modelo de
financiación de la Televisión Pública que propone el Gobierno.
Como
se recordará, la propuesta del Gobierno, que tiene intención de que
entre en vigor en septiembre, consiste en que la televisión pública
abandone la publicidad como forma de financiación y que este
agujero sea cubierto por los operadores privados de televisión, por
los operadores de telecomunicaciones y los ingresos provenientes de
determinadas tasas,
conservando, además, una parte de financiación pública vía
presupuestos generales del Estado, próxima al 50%.
En
nuestra nota de prensa calificábamos esta propuesta como
precipitada, provisional y alteradora del correcto
funcionamiento de los mercados.
En este artículo tratamos de explicar estos calificativos y algunos
extremos más, aunque previamente sería positivo aclarar qué es lo
que compartimos con la propuesta y por qué.
¿Qué
compartimos con la propuesta del Gobierno?
Básicamente
compartimos con la propuesta del Gobierno la intención de suprimir
la publicidad como mecanismo de financiación en TVE.
Desde
nuestro punto de vista la publicidad genera un modelo de
financiación inestable,
pendiente en extremo del mercado y sus altibajos: crisis, número de
operadores en competencia, etc. Pero, sobre todo, la
publicidad obliga, en cierta
medida, a estar pendiente en exceso de una programación
que atraiga a la audiencia, lo
que en más ocasiones de las deseadas relega las verdaderas
finalidades de la televisión pública.
Por
otra parte, la dependencia de la publicidad, en tanto que introduce
inestabilidad en la financiación, crea desequilibrios en el
porcentaje de financiación pública proveniente de los presupuestos.
Finalmente,
la participación de la televisión pública en el mercado
publicitario altera de forma significativa la financiación de las
televisiones privadas en abierto,
cuyos ingresos tienen su origen en la publicidad.
Desde
ADECES creemos que cuando el marco normativo habilita el nacimiento
de mercados en competencia tiene que haber reglas claras que permitan
su desarrollo y continuidad. La aparición de los operadores privados
de televisión en España (también en otros mercados, pero este no
nos ocupa ahora) estuvo siempre sometida a un vaivén legislativo
–unas veces impulsado por Europa, otras por las propias condiciones
nacionales- que fue aplazando el debate sobre el modelo de
financiación de la televisión pública.
Hoy,
sin embargo, este aplazamiento ya no es posible. La multiplicidad de
nuevos canales que vienen a añadirse a los ya existentes y la
segmentación de públicos, la coyuntura de crisis, aboca a un
esclarecimiento del modelo de financiación.
Con
franqueza, desde ADECES creemos que aún así, los
operadores privados deberán afrontar una importante
reestructuración. Si algo está
empezando a quedar claro es que la tarta publicitaria no va a dar
para todos los que hay; y que se acrecientan las dificultades de los
anunciantes de llegar a su público mediante su presencia en la
multitud de canales, lo que les hará (ya lo está haciendo) recurrir
a otras forma de publicidad más directas y selectivas.
Por
resumir diremos que compartimos la idea de abandonar la
financiación publicitaria de la televisión pública por su carácter
provisional y alteradora de los mercados,
exactamente los mismos motivos que nos llevan a criticar el nuevo
modelo de financiación propuesto por el Gobierno. Veamos por qué.
La
propuesta del Gobierno: su carácter provisional
Hacer
descansar parte de la financiación de la televisión pública en los
operadores privados de telecomunicaciones y televisión, es un
sistema tan coyuntural o más que el de la publicidad, que al igual
que éste tampoco crea reglas claras y estables para el desarrollo
del mercado.
Según
la propuesta del Gobierno los operadores de televisión comercial y
de telecomunicaciones que actúen a nivel estatal o que operen en más
de una comunidad autónoma aportarán anualmente un 3% y un 0,9% de
sus ingresos respectivamente.
Vayámonos,
en consecuencia, preparando para la próxima vuelta de tuerca de esta
película: los operadores privados dirán, más temprano
que tarde, que destinar el 3% a la financiación de la TVE, lastra
sus cuentas de resultados y pedirán, con razón, una revisión del
modelo, aunque ahora lo
aprueben por razones de interés coyuntural: mejor poder competir por
disponer de un mercado de 600 millones, aunque sea a cambio de pagar
el 3%.
Por
su parte, los operadores de telecomunicaciones ya han dicho, con
razón, que se oponen a esta carga. Si pagan por los derechos de lo
que emiten, igual que las televisiones privadas, deberán poder
explotarlo para obtener la máxima rentabilidad, sin que nadie merme
sus ingresos de forma artificial.
La
propuesta del Gobierno y la alteración de mercados
La
propuesta del Gobierno sobre financiación de la televisión pública,
representa algo así como una subvención cruzada entre sectores y
nada hay más feo que “meter la mano en la caja” de otro como
forma de financiación. Y eso
en realidad es lo que ocurre.
La propuesta altera
las condiciones propias en las que se debe desenvolver cada mercado,
obligándoles a los actores del mismo a trasladar un coste inesperado
a sus clientes, o bien a asumirlo como propio. En uno y otro caso
tiene efectos en las cuentas de resultados, en las cotizaciones en
bolsa, en las inversiones, en el encarecimiento de los productos. En
fin, en la actividad propia.
A
este respecto, llama la atención la disparidad de
criterios entre las televisiones privadas y los operadores de
telecomunicaciones en este asunto.
Recientemente el secretario general de la Unión de Televisiones
Comerciales Asociadas (UTECA) ha calificado como «normal»
la tasa de las operadoras de telecomunicaciones ya que participan en
el sector audiovisual.
Si
la coyuntura no fuera la que es, cuesta trabajo imaginar a un
representante de un sector privado admitir que el modelo es adecuado.
La
precipitada propuesta del Gobierno
Cuando
desde ADECES hicimos nuestra valoración hemos de reconocer que
dudamos a la hora de tildar de precipitada la propuesta del Gobierno.
No parece que sea precipitado abordar de un modo distinto un tema que
lleva encima de la mesa casi 26 años.
Pero,
precisamente este hecho, justifica el adjetivo. Si llevamos
26 años esperando, quizá podríamos abordarlo de una forma más
pausada y consensuada. Quizá,
sólo quizá, esto hubiese permitido lograr consensos sobre modelos
más estables. Aunque, como se verá a continuación los modelos más
sólidos y estables conocidos pueden ser catalogados de impopulares,
una condición que dificulta su asunción por parte de Gobierno y
oposición.
La
propuesta de ADECES: presupuestos y financiación de los hogares
No
hay grandes cosas que inventar, casi todo lo está.
ADECES
desde luego comporte la necesidad de que exista una televisión
pública, de que responda a fines de interés público, a criterios
de pluralidad informativa, etc.
Pero
al igual que aceptamos esto, también aceptamos que el modelo tiene
costes, aunque por tradición nos parezca que es gratuito. En la
actualidad, los ciudadanos pagamos, vía presupuestos del
Estado un 47% de este coste.
El
otro gran porcentaje de la financiación ha venido de la publicidad.
Pero este modelo es inestable, como ya hemos comentado. De hecho, el
modelo español no tiene definido un porcentaje de financiación
pública, frente a los límites de Francia, Portugal, Alemania,
Reino Unido o incluso Italia, países en los que la participación
pública está establecida entre un 92% y un 50%.
La
mayor parte de estos países tienen un complemento para la
financiación de la televisión pública que es la fijación de un
canon anual que pagan las familias y oscila entre los 92 y los 193
euros.
ADECES,
propone que se siga este mismo modelo, donde por decirlo de una forma
suficientemente ilustrativa se garantiza la estabilidad de la
financiación y la “plena propiedad” de los ciudadanos sobre el
ente público.
Según nuestros
cálculos, con la financiación actual del Estado y los presupuestos
de TVE, el canon representaría unos 39 euros al año por hogar.
Una
cifra que consideramos puede ser asumida y que a la vez da solidez a
la financiación, que acabaremos de una u otra forma y que evita la
provisionalidad de la propuesta del Gobierno a la vez que no irrumpe
en la “caja” de otros sectores o actores del mercado.
No
obstante, somos conscientes de su impopularidad,
acostumbrados como estamos a creernos la apariencia de la gratuidad
actual. Precisamente es esta impopularidad la que previsiblemente
impida que Gobierno y oposición alcancen acuerdos sobre un asunto
que lleva demasiado tiempo pendiente.