Con fecha 11 de febrero, la sección primera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Audiencia Nacional dictó una sentencia mediante
la cual se confirmaba la sanción de 420.708,47 euros impuesta por la
Agencia Española de Protección de Datos a Telefónica de
España, S.A. Dicha sanción tubo como origen la denuncia presentada
a este organismo por el abogado Ernesto Quílez Agreda, usuario de los
servicios de la telefónica, debido a un uso ilegal de los datos del cliente.
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