En repetidas
ocasiones hemos mencionado que todos los borradores que, hasta ahora,
se han hecho públicos para la reforma de la Ley de Impulso
de la Sociedad de la Información, eran simplemente
repugnantes y que definir como «organismo competente» a quien
tiene la potestad de censurar, e incluso cerrar, una página
web era ,deliberadamente, tan poco concreto que abría las
puertas a que cualquier cargo político se arrogara el papel de
defensor de la moralidad y buenas costumbres y decidiera, según
su criterio, que webs se podrían ver en este país
y cuales no, usurpando, de esta forma, los más básicos
derechos de los españoles a que solo un juez pueda
decidir lo que es constitutivo de delito y, por tanto, debe ser
retirado de los medios de difusión de la información.
Hasta aquí, todo horrible. Se
pensaba que no podía ser peor, que tal sinrazón no
podía prosperar en un país con dos dedos de frente en
cuanto a cuestiones de democracia y libertades sociales e
individuales. Pues bien, hemos conseguido marcar en la historia un
hito de una pasmosa ridiculez, nos hemos superado a nosotros mismos.
Ministerios y organismos oficiales han caído tan bajo en el
concepto de los cuatro listos de turno, que se atreven a presentarles
propuestas, tan absurdas, incoherentes y delirantes, que en cualquier
otra situación parecerían bromas de mal gusto.
Las sociedades de gestión de
derechos de autor (se escribe así pero se pronuncia SGAE)
piden que se
les incluya en esa lista de «organismos competentes», lo
que vendría a significar que a una orden suya, por la
autoridad de la que pretenden ser investidas, las fuerzas de orden
público, policía y guardia civil, la administración,
y hasta la justicia, actúen según su criterio.
En definitiva, que ellos, sin ninguna otra opinión por
medio, tendrían la potestad de restringir, y hasta prohibir,
cualquier cosa que consideren contraria a sus intereses.
El absurdo es de proporciones
homéricas, y el pretender saltarse el simple paso de denunciar
y que un juez decida es totalmente inconstitucional, y la
Constitución, sin ser perfecta, esta por encima de
cualquier ley, no pudiéndose promulgar ninguna que atente
contra sus principios o siendo automáticamente nula de hecho
si se llega a hacer.
Por nuestra parte lo tenemos claro, si
esto, o algo parecido sale adelante, abandonamos Internet al
momento y nos hacemos con un chalet discreto, a las afueras, provisto
de todo lo necesario para un digno suicidio: pistolas, venenos,
somníferos, navajas barberas, sogas etc. Alquilándolo a
los websmasters, y propietarios de medios de difusión en
general, nos hacemos millonarios con toda seguridad.