Lo de Francia no tiene remedio,
mediante decretazo las operadoras tienen que espiar a los usuarios,
advertirlos dos veces en caso que descarguen contenidos declarados
ilegales e, incluso, desconectarlos si persisten. Se habla que, en
breve, saldrá otra ley que condene a muerte, por guillotina en
plaza pública y prohibición de entierro en sagrado, si
lo descargado es de Carla Bruni, pero, por ahora, solo son
rumores.
En España, la patronal
Aetic admite,
sin rubor, que estudian con atención, y hasta con envidia
parece, el modelo francés. No lo ven aplicable por el momento
dado el derecho a copia privada que tienen los ciudadanos
españoles y el que solo los pueda condenar un juez, no
un organismo declarado competente por una sociedad recaudatoria
privada, uno de los motivos por los que, afortunadamente, la SGAE
rompió
las negociaciones con las operadoras.
De todas maneras Aetic está
dispuesta a reanudar las negociaciones, Redtel tampoco
le haría ascos a un acuerdo, para conseguir una represión
estilo Sarkozy, aunque con matices: “Podría crearse
un mecanismo similar siempre que hubiese una autoridad pública
con competencias controladas por un organismo jurídico»,
nos intranquiliza Edmundo Fernández, director de
Electrónica Profesional de Aetic.
Actualmente está claro que
tendrían que ser todas las operadoras, al tiempo y sin
fisuras, las que, por un motivo u otro, adoptaran estas medidas
restrictivas. Una sola que no las aplicara se quedaría con
todos los clientes de las otras, aunque fuese la peor de todas.
Esto está sucediendo en Reino
Unido, donde Virgin Media ha querido ser adelantada en el
tema y ha mandado
un millar de cartas admonitorias a sus clientes, que han contestado
dándose de baja y haciéndole toda la publicidad
negativa que han podido, actividad a la que nos sumamos con gusto,
aunque no sirva para nada.
El compromiso que Virgin alcanzó
con la ilustre British Phonographic Industry le ha salido a la
operadora bastante caro, en clientes y en desprestigio, hasta el
punto que ha tenido que aclarar,
poco más o menos, que no pasa nada si no se hace ni
puñetero caso a la carta, a pesar de que, en el sobre,
advierte que si no la lees peligra tu conexión.
Mientras, aquí, en España,
parece que todos, menos los usuarios, están deseando
que cambie la legislación, tanto nacional como europea, para
poder crujirnos alegremente.
Solo añadir que un Estado
que sustituye un derecho, consolidado y afianzado en el
tiempo, por una medida restrictiva tiene un nombre que no
suena muy bien, ni en español ni en francés, aparte de
la típica comparación, inexacta, con los cangrejos,
que, como sabe todo el mundo, no andan para atrás, sino de
lado, lo que a nosotros nos puede llamar la atención, pero que
para ellos, nos consta, es muy normal y los raros somos nosotros.