Más problemas para el Gobierno que, tras el respiro que le ha dado la Selección Española, afronta de nuevo la complicada realidad. El último varapalo le ha llegado desde uno de los grandes cambios que pretendía dentro de las comunicaciones en nuestro país y responde al del nuevo modelo de financiación de la televisión pública, que pasaría a no tener publicidad para ser mantenida mediante una tasa que pagarían las otras cadenas y las empresas de telecomunicaciones.
La respuesta de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha sido contundente cuando ha rechazado los planes del Ejecutivo que, por otro lado, ya se encontraban bloqueados.
«Los beneficiados directos no son ellos (las
empresas de telecomunicaciones), sino los proveedores de contenidos, que
ven incrementado el valor de su espacio publicitario», así que el
modelo es, al menos, «discutible».
Además, se cuestiona que las
operadoras territoriales, es decir, las que no están sujetas a todo el
ámbito nacional, evaden esa tasa, creando una situación de injusticia
competitiva. Además, proponen soluciones más efectivas si lo que se
busca es proteger a las «pequeñas», como por ejemplo, que se trate de
una tasa progresiva (que crece según el volumen de ingresos) o que
exista un umbral mínimo por el que no haya que pagar.
El informe no es vinculante, pero suele ser determinante en estos casos.
Eso pone en aprietos al gobierno ya que debe buscar alternativas
mientras espera una respuesta por parte de Bruselas, donde está siendo
estudiado el caso, muy similar al que sucede con la televisión de
nuestros vecinos franceses.
También se refiere a esto la CNC cuando
afirma que habría que ver la compatibilidad de este modelo con el
vigente «Tratado de Derecho de la Competencia de la Unión Europea».