Desde el pasado 1º de abril, las operadoras están obligadas a hacer pública su política de gestión de tráfico, es decir, la ralentización de P2P, o del streaming e incluso de VoIP, una carta que hasta ahora aprovechaban para alterar el tráfico de sus clientes, esquivando la neutralidad de la red.
Algunas hasta han llegado al extremo de bloquear la VoIP, que a muchas no les interesaba por cuestiones lógicas y es su negocio con las llamadas.
Al mismo tiempo, la normativa les obliga a advertir a sus clientes sobre cualquier restricción que pueda tener el terminal que le van a suministrar, llegado al punto de deber comentar cuando un terminal determinado esté bloqueado para que sea útil sólo con una operadora.
Sin duda, todo un cambio pese a no existir una normativa real como es una ley de neutralidad.