El abogado impulsor de la denuncia solicita a las Administraciones públicas información sobre el importe que pagan por este concepto.
El servicio de defensa de la Competencia, que debía estudiar la legalidad del canon sobre soportes digitales, archivó sin más la denuncia que interpusieron el abogado Javier De la Cueva, la Asociación de Internautas y la Asociación de Usuarios de Internet.
De la Cueva recurrió y el Tribunal de Defensa de la Competencia le ha dado la razón, al ordenar que se reabra el asunto y continúe investigando, con lo que prepararán nuevas acciones contra el.
El abogado ha declarado que «El más perjudicado por el canon es quien más información necesita almacenar, y en cualquier país civilizado quien más información guarda es la Administración pública», dice, así que no se entiende que el Estado esté pagando una parte sustanciosa por usar CD y DVD para grabar información que no está protegida por derechos de autor (por tratarse de documentos públicos).
Por otra parte Francia ha cambiado su ley sobre el intercambio de ficheros por internet.
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