Día 1 de agosto, comienzo tradicional de las vacaciones, últimos coletazos de las noticias que no se producen en una playa, todos descansan, y esperamos hacerlo nosotros también. Pero antes de eso, ha dado tiempo a que Terra reciba un varapalo de la Dirección General de Consumo de Madrid.
Varias denuncias, de las que solo ha trascendido una de los casos, tramitado por la FACUA, ha llevado a consumo a imponerle a Terra una multa de 91.700 euros. Seguro que, cuando reciban la notificación oficial, recurrirán esta sanción, de forma que quienes esperan una resolución del asunto desde 2003, pueden seguir esperando otro par de años, y si en cinco años obtienen una resolución firme ya pueden darse por satisfechos. Así funcionan las cosas, y así las grandes empresas, que disponen de bufetes de abogados contratados permanentemente, les quitan las ganas a cualquiera de litigar contra ellas.Porque una cosa es la propaganda y decir que Telefónica se somete al Sistema Arbitral de Consumo, y otra es negarse a someter los casos que no les convienen a este sistema, como es el caso que nos ocupa hoy. La denuncia viene de los tiempos en que Terra actuaba independiente, pero siempre ha pertenecido al grupo Telefónica España, que presume de someterse a este arbitraje.
No es la primera sentencia en contra que recibe Terra, y siempre por los mismos motivos, deficiente información previa al contrato, información que se transforma en prácticamente nula después de ello, clausulas abusivas y el que haya que recurrir a la oración como máxima garantía de que lo contratado funcione a algo más del 10% de lo prometido. Que nos acordemos, ya hubo una multa el año pasado, de unos 110.000 euros, también interpuesta en Madrid, y que suponemos que estará recurrida para intentar no pagar por puro aburrimiento de la parte contraria.