El asunto funciona de la siguiente manera: un cliente de ONO se da de baja, inmediatamente recibe una factura de 120 € + IVA (139.20 €), el banco la paga y ONO tan feliz y contento. El que se ha dado de baja imaginamos que no se queda igual.
Claro que hay quien busca y rebusca el contrato que, se supone, debieran haberle enviado y que nunca se recibe y solo se encuentra en la web de turno, y escondido, y se encuentra que no hay ninguna clausula de permanencia en él. Recordemos que, aunque esta clausula existiera, seria nula de derecho, por estar prohibidas explícitamente.
La FACUA comunica que, siempre que ha reclamado en relación con uno de esos cobros irregulares, la operadora de cable ha devuelto el dinero, de donde deducimos que lo hacen por si cuela, que más de uno, por desconocimiento, por despiste o por falta de tiempo, no reclamará y eso que se llevan.Por si las moscas, la Federación de Consumidores ha decidido denunciar el asunto ante la Administración, por si se trata de una practica generalizada, que nos tememos que sí, que busca unos ingresos ilícitos amparándose en el desconocimiento y pocas ganas de líos de los clientes.
No deja de llamarnos poderosamente la atención el caso de un usuario precavido, que había comunicado a su banco que no abonara ninguna factura más y por tanto no ha pagado esta penalización. ONO amenaza con llevarlo a los tribunales, a pesar de que, si pagara, le tendrían que devolver el dinero.
Y terminemos con una perla del departamento de cobros. Cuando un usuario no paga por darse de baja lo llaman y lo amenazan con … darlo de baja.