Ya saltaron las alarmas a final de
verano, los borradores de la nueva Ley de Impulso de la Sociedad
de la Información eran muy imprecisos en ciertos aspectos,
dejaba puertas abiertas para que cualquier desquiciado de turno
pudiera censurar solo por el hecho de tener un cargo político.
Era lo que en aquel momento llamábamos el Montillazo.
Eran los primeros
borradores, cabía pensar que, cuando se depuraran,
desparecería la vaguedad del termino «órgano
competente» como definición de quien tiene potestad para
censurar, impedir el acceso o cerrar sitios de Internet. Dado que,
meses después, esa ambigua expresión no ha
desaparecido, solo queda pensar que se utiliza a propósito.
¿Obtendrán comisiones de los Ministerios de Cultura
o del de Industria atribuciones que solo y exclusivamente
deben estar en manos del poder judicial?
En este momento
seria muy fácil dejar caer, como quien no quiera la cosa, que
esas comisiones ministeriales son las que últimamente tienen a
representantes de la SGAE sentados en sus mesas. Pero como el
tema que ahora nos ocupa trasciende a esos detalles, es a niveles más
importantes, se trata de derechos constitucionales, pues no lo
hacemos, pero seguimos insistiendo que sin orden judicial no se puede
cerrar nada.
Tampoco tiene
desperdicio la parte que responsabiliza al proveedor o motor
de búsqueda que proporcione un enlace a un contenido
que no sea del agrado de estos señores, tal y como están
las cosas no nos atrevemos a decir contenido ilegal, hay
actualmente demasiados matices dentro de esa palabra. Si en Google
sale un enlace y dentro de ese enlace hay algo en contra de la
normativa, el responsable es Google. Si alguien os cuela un
enlace de ese tipo en vuestra pagina personal, los platos rotos los
pagáis vosotros.
Todavía
quedan muchos pasos antes de aprobar el texto definitivo, esperemos
que, en cada uno de ellos, vayan limándose las incongruencias
de este borrador.