Todo llega, y como todo, llegó
el 26 de abril, fecha en la que el Gobierno presentaba
ante el Consejo Asesor de las Telecomunicaciones
y la Sociedad de la Información, en busca de su
asesoramiento no vinculante, el polémico 17bis,
transformado en proyecto de ley independiente tras su retirada como
parte integrante de la Ley de Impulso de la Sociedad
de la Información.
A esta reunión con el órgano
consultivo han estado invitados, y han acudido, representantes del
sector industrial, sindicatos, asociaciones de consumidores, y de
usuarios, y entidades de derechos de autor, estas últimas en
numero de ocho. Tras pulsar opiniones, el secretario de estado de las Telecomunicaciones, Francisco Ros, ha declarado
que el Gobierno retira definitivamente el 17bis, que
las entidades de gestión de derechos de autor no podrán
decirle a los ISP que paginas hay que cerrar, o que lineas hay
que suspender, preventivamente, antes de que un juez
estudie el caso.
El gobierno propone olvidar esta
desdichada propuesta y empezar desde cero, para lo que convoca
una mesa de dialogo, para discutir como tratar los derechos de autor
en Internet, con la participación de todas las partes
implicadas y un plazo de dos meses para llegar a conclusiones.
Este ha sido el momento, en cuanto han
oído de empezar a negociar desde cero, cuando la SGAE y
las otras siete, se han levantado y, con evidentes signos de
indignación, han hecho mutis por el foro, o dicho menos
finamente, se han largado de la reunión. No han tardado
en declarar que esta reunión ha sido una burla y un
fracaso, y que, después de dos años
negociando sus prerrogativas de censores de la Red, es
inadmisible que se les pida que renuncien a sus esperanzas y
que comiencen desde el principio, de nuevo. En cuanto a la propuesta
de la mesa de dialogo, afirman que ya han dicho todo lo que tenían
que decir y que no piensan acudir a ella. No caerá
esa breva.
Mientras, el Parlamento Europeo
ha aprobado
la inclusión de una enmienda en el texto de la
directiva que publicará, en breve, sobre la protección
de la propiedad intelectual, la piratería y las
falsificaciones de productos patentados. Esta enmienda especifica que
quedan excluidos de sanciones penales los particulares sin
animo de lucro, lo que viene a decir que la Unión
Europea recomendará, a los países miembros, que
deje en paz a los usuarios que se bajen una película o una
canción de Internet para su uso y disfrute personal,
cosa que por otra parte, se viene haciendo ya en España,
donde todos los intentos de denuncias de este tipo han fracasado
estrepitosamente, al no haberse podido demostrar animo de lucro en la
actividad.